La coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Sandra Pámanes, acusó hoy a la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, de presuntamente exceder sus facultades al enviar 163 oficios a notarías públicas de Nuevo León para solicitar información sobre bienes inmuebles relacionados con el gobernador Samuel García.
Los requerimientos, dijo Pámanes en un comunicado, fueron enviados sin la aprobación de la Comisión y, presuntamente, rebasan el Acuerdo de Diligencias de Investigación, el cual define con claridad qué información puede solicitarse y a quiénes.
"Resulta evidente que la solicitud rebasa por completo los términos autorizados, exigiendo información que jamás fue sometida ni aprobada por la Comisión", expresó.
El acuerdo aprobado por la Comisión, indicó la emecista, como la Ley son el único marco legal para solicitar información a terceros dentro del procedimiento de juicio político, por lo que cualquier actuación fuera de esos límites carece de sustento.
"No se trata de un error administrativo menor. Es una actuación arbitraria, fuera de todo marco legal, que convierte una investigación legislativa en una cacería política sin fundamento ni control", afirmó.
La legisladora advirtió que esta forma de actuar vulnera el debido proceso y pone en riesgo la legalidad del procedimiento de juicio político.
Señaló que cualquier diligencia derivada de esos oficios podría quedar cuestionada y generar responsabilidades para quienes impulsaron dichas acciones.
Asimismo, exigió que Serrato explique públicamente con qué facultades decidió ampliar el alcance de la investigación.
"El uso del procedimiento de juicio político como instrumento de persecución política, al margen de la legalidad, no será tolerado", concluyó.
El 12 de junio pasado, la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició un juicio político en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien pidió que se detenga el proceso de juicio político en todas sus etapas.
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