La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó a la Oficialía Mayor del Estado a verificar si las empresas recientemente señaladas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron alguna relación contractual con la administración estatal.
La mandataria también ordenó remitir de manera inmediata los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que determine las acciones que correspondan conforme a la ley, como parte del compromiso de mantener una administración transparente, apegada a la legalidad y con estricta rendición de cuentas.
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Marina del Pilar ordena revisar contratos
La mandataria estatal enfatizó que las instituciones públicas adjudican contratos con base estricta en la información, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento en que se celebran los procesos administrativos.
“El principio es muy claro: cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control.
"Lo que no se puede hacer es trasladar automáticamente una circunstancia conocida en 2026 a decisiones administrativas tomadas años antes”, sostuvo la gobernadora.
Marina del Pilar explicó que, a partir del señalamiento emitido por la agencia estadunidense, la instrucción al interior del gabinete es clara y puntual: revisar exhaustivamente cualquier antecedente contractual, determinar con rigor técnico si existió alguna vulneración o riesgo en materia operativa o patrimonial, y colaborar abiertamente con las autoridades competentes en todo momento.
Asimismo, como una disposición preventiva e inmediata del Poder Ejecutivo, la gobernadora determinó que, de aquí en adelante, cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por sospecha de actividades criminales no podrá participar como proveedora del gobierno del Estado, en tanto no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
Contratos de equipamiento, suministros e infraestructura
En el rubro de seguridad pública, el gobierno del Estado precisó que los contratos referidos correspondieron a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo.
El resguardo, la custodia y la administración de los sistemas y bases de datos institucionales radican exclusivamente en el personal facultado de las corporaciones de seguridad del Estado, descartando cualquier vulneración a la información de la ciudadanía.
Por otra parte, la administración estatal puntualizó que organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para sus respectivos procesos de compra y resguardo documental.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, concluyó Marina del Pilar.
RP
