Las 179 unidades que integran el parque vehicular del sistema de transporte masivo Tuzobús son chatarra y no tienen valor alguno para el gobierno estatal, aseguró el titular de la Oficialía Mayor de Hidalgo, Edgar Orlando Ángeles Pérez, por lo cual la empresa Mifel S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple tiene la obligación de retirarlas del patio de maniobras del Sistema de Transporte Metropolitano, denominado así desde el pasado primero de junio.
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De estas 179 hasta el pasado mes de mayo, 76 las catalogó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) bajo la denominación de “inoperables”, de acuerdo al documento que entregó la dependencia estatal en respuesta a la solicitud de información, bajo folio 130213100016126, interpuesta por MILENIO; esto representa el 42 por ciento de los vehículos que no están en condiciones de prestar el servicio a la población.
Ángeles Pérez sentenció a la empresa responsable que debe retirar estas unidades, mismas que calificó como chatarra, a la brevedad; “nada sirve y nada se puede quedar”; pese a esto, no estimó una fecha fatal para atender esta obligación, aunque anteriormente declaró públicamente que la empresa no sólo debe atender estos trabajos sino también que debe hacerlo una vez que el parque vehicular se renueve por completo, lo que tendrá efecto a finales de julio con la llegada de las 60 vagonetas para las rutas alimentadoras que deben llegar en próximas semanas.
En tanto, el director del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), Humberto Cabrera Román, informó que siguen un proceso administrativo con la empresa para formalizar el retiro de las unidades chatarra, en caso de no cumplan con esta obligación tomarán las medidas pertinentes conforme lo establece la Ley.
“Para el retiro de unidades se sigue un proceso administrativo que debe sustanciarse y debe cumplirse con la propiedad de la mismas, la cual debe acreditar la empresa, esto está sujeto a este proceso que no referir; nosotros entregamos las unidades al legítimo propietario, es una obligación que compete al Estado conforme a la Ley; igualmente, la Ley faculta al estado para dictar resoluciones que conforme a derecho correspondan, el propietario debe cumplir la Ley y en caso de no hacerlo, ésta prevé mecanismos correspondientes para generar lo que resulte”, sentenció.
