La magistrada Claudia Valle Aguilasocho presentó un proyecto en el que propone que el que el Tribunal Electoral confirme, en definitiva, la prohibición a la senadora de Morena, Andrea Chávez, de colocar su imagen, nombre y cargo en los apoyos de salud que ofrece en Chihuahua, pues podría implicar actos anticipados de campaña.
MILENIO tiene una copia del proyecto que la magistrada circuló en privado entre sus pares de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se pretendía aprobar en la pasada sesión pública, pero que se retiró del orden del día al inicio de ésta.
PAN y PRI acusan a Andrea Chávez de promoción personalizada
En la propuesta, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho concluye que todos los alegatos de la senadora morenista en contra de las medidas cautelares que le impuso el Instituto Electoral de Chihuahua son ineficaces, inoperantes e infundados, pues el análisis preliminar que sustenta la orden de retirar su imagen, nombre y cargo son totalmente válidos.
Este caso viene de las denuncias que el PAN y el PRI presentaron desde el 1 y 7 de abril del 2025 en contra de la senadora de Morena, Andrea Chávez, a quien acusaron de promoción personalizada, actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental, por las llamadas caravanas y brigadas de salud en Chihuahua, en las que lleva apoyos de salud pero usando sus datos personales.
El 25 de abril instituto electoral local concedió las medidas cautelares solicitadas por el PAN y el PRI, y ordenó el retiro del nombre e imagen de Andrea Chávez del camión tipo ambulancia entregado en Namiquipa, de los que prestan atención médica en estas caravanas, del consultorio médico en Sebastián Lerdo de Tejada, en Guadalupe y Calvo, y de la propaganda de sus redes sociales.
La senadora impugnó junto a Morena y el 23 de enero, el Tribunal Electoral de Chihuahua consideró primero, que Morena no tenía interés jurídico y confirmó la orden de la autoridad electoral, dejando firmes las medidas cautelares.
La legisladora impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde alegó una “indebida de la competencia en materia electoral pues son hechos fuera de un proceso electoral; que la autoridad electoral cayó un en incorrecto estándar de admisión y calificación; que omitió examinar la tipicidad de las conductas y que el Tribunal local se limitó a reproducir los acuerdos sin verificar las conductas”.
Chávez también replicó que si su propaganda no contenía logros, frases, compromisos ni promesas de campaña, entonces no había ningún ilícito electoral.
Sin embargo, en el proyecto del que este medio tiene una copia, la magistrada explica que es ineficaz primero, que la senadora argumente que si no hay un proceso electoral en curso en Chihuahua su conducta no puede considerar electoral, ni tampoco, si no tiene llamados al voto o promesa de campaña.
“Desde una perspectiva preliminar, la inclusión del nombre e imagen de una servidora pública en unidades móviles destinadas a la prestación de servicios médicos puede, en apariencia, configurar un supuesto de promoción personalizada prohibido en el artículo 134 de la Constitución General.
“Ello, en la medida en que la difusión de elementos de identificación individual asociados a la prestación de servicios público puede generar un vínculo directo entre la acción gubernamental y la persona que ostenta el cargo, lo cual es precisamente lo que la norma constitucional busca evitar para preservar los principios de imparcialidad y equidad en la competencia política”, señala el proyecto.
Además, explica que la prohibición constitucional no se limita a expresiones explícitas de llamado al voto o de promesas de campaña, sino también en “una asociación reiterada entre beneficios públicos y una persona”.
Y agrega que “la ausencia de llamados expresos al voto no excluye, de manera automática, la posibilidad de una infracción”.
Caso Andrea Chávez podría abordarse en sesión
La magistrada Claudia Valle Aguilasocho podría volver a enlistar este asunto en la sesión pública del próximo miércoles 4 de marzo, ya sea con este proyecto o con modificaciones.
De aprobarse o no, este asunto en concreto no analiza la responsabilidad de la senadora morenista en ilícitos electorales, es decir, no concluye que sí cometió alguna infracción como actos anticipados de campaña, sino que se limita a evaluar la confirmación de las medidas cautelares que le prohíben volver a poner su imagen, nombre y cargo en los apoyos que está ofreciendo en Chihuahua.
IOGE
