La diputada del PAN, Kenia López Rabadán propuso una iniciativa para adicionar un párrafo vigésimo quinto al artículo cuarto de la Constitución Política para establecer que toda persona tiene derecho a ser buscada de forma efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida.
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Garantía de justicia, verdad y reparación ante desapariciones
La diputada destacó que es responsabilidad del estado asegurar justicia, verdad y reparación, además de implementar mecanismos eficaces para la búsqueda, localización e identificación.
En caso de entregar restos humanos, debe garantizarse que este proceso se lleve a cabo con dignidad, respeto y apego a los derechos humanos.
El presupuesto destinado a garantizar este derecho deberá ser suficiente y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año inmediato anterior.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en su exposición de motivos señala que el delito de desaparición forzada es uno de los ilícitos más devastadores que existen, ya que implica violaciones graves a los derechos humanos de las personas.
Asimismo, va acompañada, en muchos de los casos, de otros delitos como:
- La tortura.
- Los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Detenciones arbitrarias.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- La impunidad.
El documento indica que México fue uno de los principales promotores y el segundo país en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Sin embargo, en los últimos años la violencia e inseguridad que se vive en el país ha ocasionado que este delito se incremente de forma exponencial.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta marzo de este año, 124 mil 266 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1952.
Reforma constitucional: un paso clave hacia justicia
La diputada López Rabadán manifiesta que su propuesta de reforma constitucional es un avance esencial para garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral de las víctimas y sus familiares.
Resalta que el compromiso del estado con este derecho implica destinar recursos suficientes y establecer mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento.
“Solo así se podrá combatir la impunidad, reparar el daño a las víctimas y asegurar que este tipo de crímenes no se repitan”, agregó.
ARE
