El delito no sólo deja una víctima, un robo o una denuncia, también deja una cuenta y en Hidalgo, esa factura aumentó durante 2025 pues las pérdidas económicas directamente asociadas a los delitos pasaron de alrededor de 3 mil 564 millones de pesos en 2024 a 4 mil 754 millones un año después, un incremento de 33.4 por ciento según los registros expandidos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública publicada este jueves por el Inegi.
Cada delito puede representar dinero perdido, bienes que deben reponerse, gastos médicos, trámites y, antes incluso de que ocurra, recursos que las familias destinan a cerraduras, puertas, bardas, cámaras u otras medidas para intentar mantenerse a salvo. La cifra creció justamente cuando también aumentó el número de delitos estimados, misma que pasó de 684 mil delitos en 2024 a 946 mil en 2025, un incremento de 38.2 por ciento.
El dinero que se pierde
Las pérdidas económicas provocadas directamente por los delitos son el componente que más creció dentro del costo analizado y ese aumento de 33.4 por ciento, supera con claridad el crecimiento de otros componentes del costo pues mientras el gasto de los hogares para prevenir delitos aumentó 15.8 por ciento, las pérdidas directas crecieron más del doble de ese ritmo.
La diferencia muestra que el impacto económico no se limita a la percepción de inseguridad pues para miles de familias, la delincuencia termina convertida en una pérdida concreta que puede afectar sus ahorros, sus bienes o su capacidad para enfrentar otros gastos.
Cuando se observa qué delitos concentran las mayores pérdidas, se aprecia que el robo a casa habitación se colocó en 2025 como uno de los delitos que más dinero les costaron a las víctimas, con una pérdida estimada de alrededor de mil 47 millones de pesos.
El dato es importante porque el número de delitos no determina por sí mismo el costo económico ya que un delito puede ocurrir muchas veces y representar una pérdida relativamente pequeña por víctima, mientras otro puede registrar menos casos pero provocar un daño económico considerable.
En el caso del robo a vivienda, el golpe puede acumular dinero en efectivo, aparatos electrónicos, joyas, documentos y otros bienes, además del costo de reparar puertas, ventanas o cerraduras; por eso su peso económico puede ser mucho mayor que el que aparenta cuando solamente se cuenta el número de denuncias.
Fraude, negocio millonario
El segundo gran componente del daño económico está relacionado con los fraudes y es que de acuerdo con la Envipe el fraude bancario generó pérdidas estimadas por unos 590 millones de pesos, mientras el fraude al consumidor representó alrededor de 552 millones.
En conjunto, ambos tipos de fraude significaron pérdidas cercanas a mil 142 millones de pesos durante 2025 y eso equivale a casi una cuarta parte de las pérdidas económicas directas identificadas en los registros expandidos.
La relevancia está también en el cambio de comportamiento delictivo pues mientras el robo o asalto en calle o transporte público disminuyó alrededor de 11.3 por ciento, los fraudes bancario y al consumidor aumentaron de manera considerable.
El delincuente ya no necesita necesariamente acercarse a una víctima en la calle. Puede hacerlo mediante una operación bancaria, una llamada, una plataforma digital, una compra que nunca llega o un mecanismo de engaño que termina vaciando una cuenta.
Crece extorsión
La extorsión ofrece una de las contradicciones más interesantes de la Envipe 2026 pues en términos de incidencia, fue el delito que más creció: pasó de unos 91 mil casos estimados en 2024 a más de 186 mil en 2025, un aumento de aproximadamente 105 por ciento.
Sin embargo, cuando se observa exclusivamente el dinero perdido, aparece por debajo de delitos como el robo a casa habitación y los fraudes. La da económica asociada a la extorsión se estima en alrededor de 296 millones de pesos. Uno de los factores que podría explicar el fenómeno es que hay más intentos de extorsión pero los consolidados son menos, especialmente en temas de extorsión telefónica. Esto no significa que la extorsión tenga un impacto menor.
Impuesto criminal
La otra cara del costo de la inseguridad aparece en el gasto preventivo, una especie de impuesto que los ciudadanos tienen que pagar para autoprotegerse. Durante 2024, los hogares de Hidalgo destinaron alrededor de 3 mil 535 millones de pesos a medidas para prevenir o protegerse de la delincuencia mientras que para 2025, ese monto aumentó a unos 4 mil 91 millones.
Se trata de aproximadamente 557 millones de pesos adicionales y un crecimiento de 15.8 por ciento y se trata de dinero que las familias decidieron gastar porque existe un riesgo que quieren reducir.
Cambiar una cerradura, colocar rejas, reforzar una puerta, levantar una barda, instalar mecanismos de seguridad o adoptar otras medidas puede parecer un gasto doméstico más. Cuando se multiplican esas decisiones por cientos de miles de hogares, se convierten en una cantidad multimillonaria.
En 2024, de acuerdo con el desglose oficial del costo, 48.7 por ciento correspondió a medidas preventivas de los hogares y 46.5 por ciento a pérdidas económicas derivadas directamente de los delitos. Es decir, prácticamente la mitad del costo de la inseguridad estuvo relacionada con dinero que las familias gastaron para evitar convertirse en víctimas.
La otra mitad estuvo relacionada con dinero que ya habían perdido después de sufrir un delito.La diferencia es pequeña, pero la lectura es grande: una parte sustancial de la factura de seguridad la están pagando directamente los ciudadanos.
De acuerdo con la encuesta el gasto preventivo aumentó 15.8 por ciento, pero las pérdidas económicas directamente provocadas por delitos crecieron 33.4 por ciento es decir las familias gastaron más para protegerse, pero las pérdidas económicas aumentaron todavía más.
Gasto en salud
No todos los componentes tuvieron el mismo comportamiento pues los gastos derivados de daños a la salud bajaron considerablemente. Los registros expandidos de la encuesta estiman alrededor de 369 millones de pesos en 2024, frente a unos 217 millones durante 2025.
La disminución es de aproximadamente 152 millones de pesos, equivalente a 41.2 por ciento; aunque menos gasto sanitario no significa automáticamente menos violencia ni menos personas lesionadas.
El monto depende de la cantidad y gravedad de las lesiones, del tipo de atención recibida, de los gastos que realmente cubrieron las víctimas y de las características de los delitos ocurridos. Por eso la caída debe interpretarse como una reducción del gasto reportado por daños a la salud, no como una medición directa de la violencia física.
