El principio jurídico de presunción de inocencia consiste en asumir que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en México demostrarlo es tan fácil como fabricar un culpable. Por error, por venganza o por presumir eficiencia las autoridades encarcelan personas inocentes cuyas vidas se quiebran y no vuelven a su estado original ni con el pegamento de la exoneración. En el último lustro la Ley General de Víctimas otorgó a quienes son injustamente encarcelados la posibilidad de exigir una reparación del daño con una indemnización económica, terapias psicológicas y físicas, protección en caso de peligro y garantía de no repetición, pero lo que ningún gobierno puede devolverles es el tiempo, la confianza y en algunos casos la salud.
