La diputada Ivonne Ruiz, del PRI, presentó una iniciativa de reformas a las leyes General de Educación y General de Educación Superior para prohibir la comercialización y el uso engañoso de reconocimientos denominados doctorados honoris causa, imponiendo una multa de hasta 5 millones 865 mil 500 pesos a quienes transgredan dicha disposición.
En su exposición de la propuesta, la legisladora advirtió que diversas investigaciones periodísticas y denuncias académicas han evidenciado la operación de organizaciones que comercializan supuestos doctorados honoris causa bajo esquemas que simulan procesos universitarios legítimos.
Detalló que, mediante nombres ambiguos que evocan a instituciones académicas, las referidas organizaciones ofrecen tales distinciones a cambio de cuotas, donativos o pagos por participación en ceremonias.
“Durante los últimos años se ha observado una creciente desnaturalización de esta figura, derivada de la proliferación de organizaciones, asociaciones civiles y entidades privadas que ofrecen supuestos doctorados honoris causa mediante esquemas de pago directo o indirecto, sin cumplir estándares mínimos de legitimidad académica, transparencia institucional o evaluación de méritos”, acusó.
Ruiz afirmó que tal situación ha generado un fenómeno de simulación académica que amenaza la credibilidad de una de las distinciones más relevantes del ámbito universitario y evidencia la necesidad de una intervención legislativa que preserve su autenticidad y significado.
Subrayó que la UNAM, el IPN, la UAM, la UAG y numerosas instituciones públicas y privadas de reconocido prestigio en el país han desarrollado durante décadas procedimientos internos caracterizados por la participación de consejos universitarios, juntas académicas y cuerpos colegiados encargados de valorar las contribuciones de las personas propuestas a los reconocimientos.
Por ello, “la legitimidad del doctorado honoris causa no deriva del documento que se entrega ni de la ceremonia protocolaria que lo acompaña, sino su valor reside en la autoridad moral y académica de la institución que lo confiere, así como en el consenso académico que respalda la decisión”, expuso.
¿Qué propone la iniciativa?
La iniciativa prevé así reconocer legalmente la figura del doctorado honoris causa como la máxima distinción honorífica universitaria, pero reservando su otorgamiento a instituciones de educación superior con programas de doctorado reconocidos oficialmente por las autoridades competentes.
Prohíbe, en consecuencia, otorgar, emitir, promover o publicitar reconocimientos denominados 'doctor honoris causa' o 'doctorado honoris causa' sin contar con reconocimiento oficial, así como condicionarlos a pagos, cuotas, donativos, aportaciones, patrocinios, contraprestaciones en especie o cualquier beneficio económico directo o indirecto.
El proyecto considera la imposición de multas por montos equivalentes a entre mil y 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (117 mil 310 a 5 millones 865 mil 500 pesos) a quienes transgredan dichas disposiciones.
Según el articulado propuesto, la Secretaría de Educación Pública integrará y mantendrá actualizado un Registro Nacional de Distinciones Doctor Honoris Causa otorgadas por instituciones de educación superior reconocidas oficialmente.
Honoris causa no debe perder su prestigio y seriedad
La diputada Ivonne Ruiz aclaró que la reforma no generaría un impacto presupuestario las entidades federativas ni las instituciones públicas de educación superior, pues no contempla la creación de órganos administrativos nuevos ni estructuras burocráticas, sino se implementaría mediante los mecanismos de supervisión y reconocimiento oficial ya existentes.
Argumentó que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proteger la integridad del sistema educativo nacional y preservar el valor social del mérito académico auténtico.
Remarcó que la iniciativa no busca restringir la autonomía universitaria ni limitar la libertad de las instituciones para otorgar distinciones, sino asegurar que este reconocimiento mantenga su prestigio, seriedad y legitimidad histórica.
“Regular esta figura es fundamental para defender la excelencia educativa, proteger a la ciudadanía frente a posibles engaños y reafirmar el compromiso con la calidad institucional”, agregó.
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