La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó a las empresas Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V., proveedoras del IMSS Bienestar y del Servicio Postal Mexicano, respectivamente, por exhibir documentación falsa para obtener contratos públicos.
La dependencia informó que Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios se le impuso una multa de 643 mil 188 pesos y se le inhabilitó un año, mientras que a Atv de Sahuayo se le multó con 171 mil 972 pesos y se le inhabilitó por tres meses.
Ambas compañías quedaron así impedidas para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el gobierno federal.
En el primer caso, precisó que, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se sancionó a la empresa Impulsora Cordobesa de Alimentos y debido a que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024, con la que se buscaba el “Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, para el Régimen Ordinario y Programa IMSS-Bienestar”.
Sanción a proveedor de cascos para el Servicio Postal Mexicano
Para ello, la empresa exhibió tres contratos de compraventa con los que pretendió acreditar que contaba con la experiencia y especialidad requerida, pero según la SABG eran falsos; la notificación de la sanción se realizó el 18 de junio de este año.
En el caso de la empresa proveedora del Servicio Postal Mexicano, el OIC del organismo detectó que actuó con mala fe al participar en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica número LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025, para la adquisición de “Cascos de Protección para Motociclista”.
Atv de Sahuayo adjuntó documentación e información sin cerciorarse de su veracidad y autenticidad; la notificación de la sanción se realizó el 29 de junio de 2026.
Publican sanciones en el DOF
Las sanciones referidas aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México, informó la Secretaría.
“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas y, dado el caso, la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público”, añadió.
IOGE
