La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por un año a Jaime N, exadministrador de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ocultar en sus declaraciones patrimoniales un incremento de un millón 532 mil 452 pesos que no pudo justificar.
La sanción derivó de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de la dependencia federal, la cual permitió acreditar que el exservidor público del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cometió una “infracción grave” relacionada con la información presentada en sus declaraciones de situación patrimonial.
“Derivado de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de esta secretaría, se demostró que un exservidor público del SAT cometió infracción grave".
“Por ello, se impuso la siguiente sanción: inhabilitación de un año a Jaime N, exadministrador de la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables”, informó en un comunicado.
La dependencia precisó que Jaime N tiene derecho a impugnar la resolución, aunque sostuvo que, en caso de que lo haga, la secretaría defenderá la sanción con base en los resultados de la investigación contra el exservidor.
Además, llamó a acusar posibles actos de corrupción dentro del sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, al puntualizar que la vigilancia sobre el uso de recursos también depende de la participación ciudadana.
Agregó que continuará investigando conductas irregulares de servidores públicos, aun si ya finalizó su encargo, al considerar que las declaraciones patrimoniales son una herramienta clave para detectar actos de corrupción y enriquecimientos no justificados.
Enriquecimiento ilícito
Una investigación patrimonial realizada al interior del SAT derivó en la aprehensión de Héctor Taurino Landa Cabrera, exalto mando del órgano fiscal que ocupó cargos entre 2011 y 2018, el pasado 13 de junio, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con la dependencia, el SAT presentó desde noviembre de 2022 una denuncia ante la Fiscalía General de la República luego de que en una verificación de situación patrimonial del exfuncionario se detectaron irregularidades.
El exfuncionario fue acusado de enriquecimiento ilícito por 21.9 millones de pesos. En los antecedentes de la investigación se le señaló por presuntamente recibir una residencia valuada en más de 15 millones de pesos como pago por un contrato de prestación de servicios que no se realizó.
El expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, cuando la Primera Sala negó un amparo promovido por Landa contra artículos del Código Penal Federal relacionados con el enriquecimiento ilícito.
