El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) acordó por unanimidad devolver el acuerdo relacionado con los formatos únicos de material electoral que van a utilizarse en las elecciones de ayuntamientos y diputaciones en 2027, con el fin de reforzar las medidas de control y transparencia en la adquisición.
Las consejeras electorales se comprometieron a reforzar la transparencia y apegarse estrictamente a la norma, pero dejaron claro que el INE les pone tantos candados para la adquisición de materiales y se tarda mucho tiempo en tomar sus acuerdos, que eso cierra mucho las opciones de compra a unas cuantas empresas y se ha generado una oligarquía.
Se manifestaron a favor de cualquier investigación presente o pasada porque, señalan, en todo momento se han respetado los cauces legales. En esta ocasión buscan nuevas medidas para reforzar el control y mantener la confianza de la ciudadanía, aclarando que esto no pone en riesgo el proceso electoral.
Previamente, la presidenta de México recordó en su conferencia matutina que el primer escándalo de los hermanos Hernández Casillas viene de 1999, en el Estado de México, y que en 2005 tuvieron que renunciar todos los consejeros electorales de la entidad por una situación similar cuando la empresa se llamaba Cartonera Plástica, con lo cual se han convertido en ‘coyotes’ de papelería electoral, por lo cual se va a fortalecer a Talleres Gráficos de México para que ahí se produzca el material electoral.
Sin presiones del INE para contratar empresas
Por su parte, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, aseguró que nunca recibió recomendación o presión del grupo de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, para contratar a determinada empresa para la elaboración de los materiales electorales y que las consejeras no tienen relación con las empresas, solo el Comité de Adquisiciones.
El Comité, dijo, lleva sus procedimientos y siempre ha funcionado de esa forma, pero con pocos competidores en el mercado por las características del material; la probabilidad de comprar a las mismas empresas es alta, aunque asegura que en todos los casos han cumplido con los requisitos establecidos en las licitaciones y las adjudicaciones han sido por casos específicos.
Subrayó que sus procedimientos han sido revisados por el OSFEM y la ASF todos los años, y solo han tenido recomendaciones de mejoras y que es precisamente en las auditorías de legalidad donde se observan los procedimientos adquisitivos, que las empresas entreguen los productos y cumplan con todas las disposiciones.
“El IEEM está tranquilo porque tenemos toda la documentación en orden y todo ha sido apegado a la normativa y todos los procesos son transparentes”, apuntó.
Al no tener contacto con las empresas, dijo, no hay reuniones, acercamientos con proveedores, comidas, fotos, ni asuntos similares, además de que toda la información de los procesos está disponible en la página de transparencia del órgano electoral.
Indicó que por el momento no pueden vetar a ninguna empresa hasta que tengan una sentencia firme, pero el Comité va a revisar la manera de blindar los procesos y evitar problemas de ilegalidad para garantizar el procedimiento.
Devuelven proyecto
La presidenta de la comisión de Organización, July Erika Armenta Paulino, enfatizó que el momento político exige tener sensibilidad, prudencia y redoblar esfuerzos, por lo que resulta necesario regresar los formatos únicos del material electoral a la Secretaría Ejecutiva para analizar la instrumentación de cualquier acción que fuera necesaria para garantizar el desarrollo transparente y público de los trabajos que involucran la adquisición del material electoral.
“Se tiene que dar un paso adelante y a veces un paso hacia atrás, lo cual no significa que las cosas no se estén haciendo bien (…) Estamos en mercados que son una oligarquía”, destacó.
En tanto, la consejera Karina Vaquera Montoya puso sobre la mesa la necesidad de pedir una auditoría externa para revisar todos los actos del IEEM, así como abrir las licitaciones a la presencia pública y blindar los procedimientos, porque la transparencia y rendición de cuentas son obligados.
Elevado intervencionismo
Finalmente, la consejera Paula Melgarejo Salgado consideró que en cada proceso electoral hay más intervención del INE en las atribuciones que tienen los Oples, o en al menos las pocas atribuciones que les dejaron, y eso “no puede ser considerado como federalismo gradual, sino nacionalismo”.
Reiteró que hay mucho retraso propiciado por el INE y puso como ejemplo que desde el 30 de julio les mandaron los formatos únicos para validación, pero el visto bueno llegó hasta el 8 de octubre, “por lo cual el proceso ya viene tardío. El problema son esos requerimientos tan excesivos; el reglamento del INE nos dice una especificidad tan concreta que el mercado se cierra, son las mismas empresas, las únicas que hay”, acotó.
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