El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) eliminó, en acatamiento a una sentencia del tribunal electoral, la prohibición para que funcionarios públicos de la capital que aspiren a reelegirse en las elecciones del 2027, asistan a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales y/o acciones institucionales.
En cumplimiento de una sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del IECM aprobó por unanimidad la supresión de un artículo de los Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, que había elaborado el propio organismo, en el que se restringía la presencia de las personas servidoras públicas aspirantes a la reelección en ese tipo de actos públicos.
¿Qué estipulaba el artículo?
Dicho artículo estipulaba que:
“Las personas servidoras públicas que aspiren a la elección consecutiva, deberán abstenerse de asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales y/o acciones institucionales, desde el inicio del período de las precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral”.
Sin embargo, tras una serie de impugnaciones, la Sala Regional determinó en una sentencia que “la prohibición ahí prevista excede la facultad reglamentaria del IECM”.
La Sala Regional argumentó que:
“si bien las personas servidoras públicas que pretenden participar mediante elección consecutiva se encuentran sujetas a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad previstos en el artículo 134 constitucional, de tales deberes no deriva, por sí misma, una prohibición general de asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales, con independencia tanto de las circunstancias en que tenga lugar esa asistencia y de que en sus actividades deben regirse por los principios constitucionales atinentes”.
Y añadió que “lo constitucionalmente relevante es determinar si, mediante esa conducta, se utilizan el cargo, los recursos públicos o la posición institucional para favorecer una pretensión electoral”.
La sentencia consideró que aunque la medida dictada por el IECM persigue una finalidad constitucionalmente válida, existen otras “medidas que permiten tutelar los principios rectores electorales atinentes, sin restringir injustificadamente el derecho de ser votado”.
Representantes de partidos políticos y consejerías electorales manifestaron su rechazo a lo determinado en la sentencia, pero consideraron que se trata de un mandato que debe ser acatado y que existen otras vías para poder vigilar que los funcionarios públicos aspirantes a ser reelectos no violen la equidad en la contienda.
En el acuerdo aprobado se estableció que “ante hechos que pudieran constituir una infracción prevista en el marco constitucional y legal aplicable, se instrumentará, dentro del ámbito competencial del Instituto Electoral, el procedimiento especial sancionador que corresponda, contemplado en la Ley Procesal y el Reglamento de Quejas, con independencia de las vistas a que haya lugar por las responsabilidades administrativas y/o penales que se desprendan de las conductas denunciadas o identificadas, así como por las incidencias en materia de fiscalización electoral”.
⚖️ El Consejo General modificó los Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como el cumplimiento de las reglas para la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de mobiliario y equipamiento urbano, en el marco del… pic.twitter.com/UCf0hpbPYH
— IECM (@iecm) November 19, 2026
HCM