Durante el primer trimestre de 2026 el estado de Hidalgo se colocó en un punto intermedio del mapa nacional de delitos relacionados con la familia al ubicarse entre los lugares 10 y 11 en los principales indicadores: incumplimiento de obligaciones familiares y violencia familiar, respectivamente.
En Hidalgo se registraron 10.88 denuncias por cada 100 mil habitantes en incumplimiento, que lo sitúa al borde del grupo con mayor judicialización; mientras que el de 56.86 en violencia familiar lo acerca a entidades con mayor incidencia en este delito.
La tasa de denuncia de ambos delitos por cada 100 mil habitantes que se desprende de la estadística del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el estimado de habitantes del Consejo Nacional de Población lo integra a un bloque donde la incidencia es constante.
En México, el incumplimiento de obligaciones familiares es un delito previsto en los códigos penales que sanciona a quien, “sin causa justificada, deja de cumplir con la asistencia económica y material hacia personas con derecho legal a recibirla”.
El marco de referencia es el Código Penal federal, que establece que incurre en este delito quien “no proporciona alimentos a hijos, cónyuge o concubina(o), se sustrae deliberadamente de esa responsabilidad o incumple una resolución judicial que fija una pensión alimenticia”.
La noción de “alimentos” va más allá de la comida: incluye sustento, vivienda, atención médica, educación y, en ciertos casos, elementos básicos para el desarrollo integral, por lo que el delito implica el abandono de la responsabilidad económica y de cuidado.
Para que se configure, deben existir una obligación legal, capacidad de cumplir y un incumplimiento injustificado; si la persona acredita imposibilidad real, el delito puede no integrarse.
Enfoque nacional
En el panorama nacional, la violencia familiar presenta contrastes marcados pues Colima encabeza la lista con 137.77 denuncias por cada 100 mil habitantes, seguido de Coahuila con 100.10 y Baja California con 92.42.
En ese mismo grupo se ubican Baja California Sur, Quintana Roo y Morelos, todos con tasas superiores a 75. Se trata de entidades donde el delito aparece con mayor frecuencia, aunque no necesariamente porque ocurra más, sino porque se denuncia más o hay mayor precisión.
El incumplimiento de obligaciones presenta una distribución distinta. Colima vuelve a ocupar el primer lugar con una tasa de 28.51, seguido de Baja California Sur con 27.33. A partir de ahí, el patrón se desplaza hacia Chihuahua (14.67), Sonora (14.35), Nayarit (13.89) y Tamaulipas (11.93). En este delito, Hidalgo se ubica con 10.88, lo que lo mantiene dentro del bloque alto, pero fuera de los primeros 10 lugares.
