El estado de Hidalgo no figura entre las entidades con mayor población, pero sí entre los de mayor incidencia relativa pues con 502 adolescentes imputados por la probable comisión de un delito, la cifra los coloca entre las de mayor incidencia del país cuando se considera el tamaño de su población adolescente.
Con una tasa de 142.1 adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de entre 14 y 17 años, el estado se ubica en cuarto lugar nacional y supera ampliamente el promedio de entidades con mayor población, como Estado de México, Jalisco o Ciudad de México, de acuerdo con las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026 del INEGI.
Los datos muestran que durante el año las autoridades iniciaron 493 carpetas de investigación, en las que se investigaron 516 delitos y se registraron 444 víctimas. La cercanía entre el número de adolescentes imputados y las carpetas abiertas indica que, en la mayoría de los casos, los expedientes involucran a un solo adolescente, aunque también existen investigaciones con más de un delito asociado.
La información refleja un flujo constante de ingreso al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pero también evidencia que el universo de adolescentes sujetos a una sanción es considerablemente menor que el de quienes ingresan al sistema.
Al cierre de 2024, Hidalgo reportó 57 adolescentes con medidas de sanción vigentes. De ellos, 37 cumplían medidas no privativas de la libertad, mientras que 20 permanecían en internamiento. En otras palabras, casi dos de cada tres adolescentes sancionados permanecían en libertad bajo supervisión, mientras que únicamente uno de cada tres se encontraba privado de la libertad.
Esta distribución es consistente con el modelo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece el internamiento como una medida excepcional y privilegia mecanismos orientados a la reinserción social. (INEGI)
No obstante, las cifras también muestran la diferencia entre quienes ingresan al sistema y quienes permanecen cumpliendo una medida de sanción. Los datos, por sí solos, no permiten concluir que exista rezago o ineficiencia institucional, ya que corresponden a distintas etapas del procedimiento penal y no necesariamente a los mismos casos. Para evaluar el desempeño de las autoridades sería necesario conocer variables adicionales, como el tiempo promedio de integración de las investigaciones, las vinculaciones a proceso, las sentencias y las formas de conclusión de los expedientes.
El panorama, sin embargo, confirma que Hidalgo mantiene una incidencia relevante en materia de justicia para adolescentes. Más de medio millar de jóvenes fueron incorporados al sistema penal durante 2024, mientras que apenas unas decenas permanecían sujetas a medidas de sanción al concluir el año, una diferencia que ilustra la complejidad del proceso judicial y la necesidad de analizar el fenómeno más allá del número de detenciones o imputaciones.
De acuerdo con la base de datos de la Dimensión I (Proceso de justicia) de las EPACOL 2026 (datos de 2024), Hidalgo ocupa el cuarto lugar nacional en la tasa de adolescentes imputados por cada 100 mil habitantes de entre 14 y 17 años.
Cumplen sanciones en libertad
El perfil de los adolescentes en conflicto con la ley en Hidalgo refleja un fenómeno complejo: mientras la entidad se ubica entre las de mayor incidencia nacional de jóvenes que ingresan al sistema de justicia penal, también destaca por registrar una de las tasas más bajas de homicidios de adolescentes. En contraste, el suicidio representa un problema más grave que en buena parte del país y la mayoría de los jóvenes sujetos a medidas de sanción apenas alcanzó la educación secundaria.
Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, elaboradas por el INEGI con información correspondiente a 2024, muestran que durante ese año 502 adolescentes fueron imputados por la probable comisión de un delito en Hidalgo. La cifra equivale a una tasa de 142.1 adolescentes por cada 100 mil habitantes de entre 14 y 17 años, la cuarta más alta del país, pese a que la entidad se encuentra lejos de concentrar el mayor volumen absoluto de casos.
El ingreso de estos jóvenes al Sistema Integral de Justicia Penal derivó en la apertura de 493 carpetas de investigación, en las que se investigaron 516 delitos y se registraron 444 víctimas. En términos generales, prácticamente cada carpeta correspondió a un adolescente y a un hecho delictivo, lo que muestra una baja concentración de múltiples imputados o delitos por expediente.
Sin embargo, la fotografía cambia cuando se observa el número de adolescentes que permanecían sujetos a medidas de sanción al cierre del año. Los registros reportan 57 jóvenes, de los cuales 37 cumplían medidas en externamiento y 20 permanecían en internamiento. En otras palabras, casi dos de cada tres adolescentes sancionados permanecían en libertad bajo supervisión, mientras que únicamente uno de cada tres estaba privado de la libertad.
Este comportamiento es consistente con el modelo de justicia penal para adolescentes vigente en México, que establece el internamiento como una medida excepcional y privilegia las sanciones orientadas a la reinserción social.
La violencia letal presenta un comportamiento distinto. Hidalgo registró únicamente cinco homicidios de adolescentes durante 2024, lo que representa una tasa de 1.42 por cada 100 mil adolescentes, la cuarta más baja del país. Solamente Yucatán, Campeche y Querétaro reportaron indicadores inferiores. Además, todos los homicidios correspondieron a hombres y no se documentaron casos de mujeres adolescentes víctimas de este delito.
No ocurre lo mismo con el suicidio. Durante el mismo periodo se contabilizaron 24 defunciones por esta causa, equivalente a una tasa de 6.51 por cada 100 mil adolescentes, suficiente para colocar a Hidalgo en el décimo lugar nacional y por encima del promedio del país. El contraste entre ambos indicadores muestra que, en la entidad, el riesgo de muerte autoinfligida entre adolescentes tiene un peso relativo mayor que la violencia homicida.
Los datos también permiten observar el nivel educativo de los jóvenes sujetos a medidas de sanción. Entre quienes permanecían en internamiento, 90 por ciento sabía leer y escribir, aunque dos adolescentes aún presentaban condición de analfabetismo. En externamiento, la alfabetización fue total.
En cuanto a la escolaridad, el perfil es todavía más definido. Tres de cada cuatro adolescentes internados tenían la secundaria como máximo grado de estudios, mientras que uno de cada cinco únicamente había concluido la primaria. Apenas un joven había iniciado la educación media superior y no se registraron adolescentes con estudios técnicos o universitarios.
La información sugiere que el conflicto con la ley ocurre principalmente entre jóvenes que lograron cursar la educación básica, pero que enfrentaron dificultades para mantenerse dentro del sistema educativo al transitar hacia el bachillerato.
Otro dato relevante es que ninguno de los adolescentes sujetos a medidas de sanción fue identificado como hablante de lengua indígena o integrante de un pueblo indígena. No obstante, esta información debe interpretarse con cautela, ya que proviene de registros administrativos y no necesariamente refleja la composición de toda la población adolescente involucrada en procesos penales.
En conjunto, las cifras dibujan un perfil claro del adolescente en conflicto con la ley en Hidalgo: un joven que vive en una entidad donde el ingreso al sistema de justicia penal ocurre con una frecuencia superior a la observada en la mayor parte del país; que, en caso de recibir una sanción, tiene mayores probabilidades de cumplirla en libertad que en internamiento; que alcanzó, en la mayoría de los casos, estudios de secundaria; y que habita un estado donde el homicidio juvenil mantiene una incidencia baja, pero donde el suicidio representa uno de los principales desafíos para la salud pública y la atención integral de la población adolescente.
