Hoy, se habla de un candidato presidencial que, después de 18 años, logró legitimarse y ser el Presidente Electo, al obtener el 52.9% de los votos de los más de 56 millones de mexicanos que acudieron a las urnas el pasado 1 de julio; además de coadyuvar a que, en las elecciones de diputaciones, senadurías, gubernaturas y ayuntamientos, la Coalición “Juntos Haremos Historia” –encabezada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)–, se convirtiera en la nueva fuerza política del país.
Para los estudiosos del Derecho y los analistas políticos, la peculiaridad de este proceso electoral, es el símbolo más claro de que México avanza por buen camino en la consolidación de una democracia representativa, donde la soberanía popular se hizo patente; sin embargo, tenemos que aspirar a consolidar un auténtico Estado Democrático de Derecho, sustentado en el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, garantizando así los derechos humanos de todos los mexicanos, y no sólo de aquellos que fueron parte de este cambio.
No olvidemos que un Estado Democrático de Derecho debe sustentarse en diez pilares: un marco normativo acorde a la realidad nacional e internacional; una Constitución blindada a prueba de mayorías parlamentarias coyunturales; la salvaguarda de los principios constitucionales como el de división de poderes o el de supremacía constitucional; órganos autónomos con una auténtica independencia y autodeterminación; un adecuado y efectivo control constitucional de normas y actos del Estado y particulares, propiciando una tutela jurisdiccional transversal en los tres ámbitos de gobierno; tener apertura hacia la ideología, críticas y aportaciones de las minorías; propiciar un ambiente de inclusión el diseño y aplicabilidad de las políticas públicas; la búsqueda del bienestar colectivo; la visión de nación dentro del contexto internacional; y el respeto y subordinación al nuestro máximo Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que respecta a la defensa de nuestra Constitución y de los derechos humanos.
En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador –y quienes conformarán su Gabinete– deberán diseñar una estrategia que les permita consolidar una auténtica transición democrática –y no sólo una alternancia partidista, como ocurrió en el año 2000 con Vicente Fox Quesada o en 2006 con Felipe Calderón–, mediante la consolidación de instituciones políticas, jurídicas y democráticas sólidas, que propicien con ello no sólo una transición hacia la gobernabilidad, sino también un ambiente de paz social, y sobre todo, el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Es por ello que, el reto que deberá afrontar el nuevo Presidente de la República es mayúsculo; ya que no sólo tiene la posibilidad de aprovechar a su favor la mayoría obtenida en el pasado proceso electoral, sino que tiene el compromiso de respetar la diversidad de opiniones, al tiempo de propiciar un trabajo interinstitucional con legisladores y autoridades estatales, municipales –e incluso internacionales, bajo una perspectiva global y multicultural –, para responder a la confianza de los millones de mexicanos que votaron por el cambio y de todos aquellos que ven en AMLO una nueva manera de gobernar, así como generar una sinergia con quienes tuvieron una percepción diferente.
*Magistrado del Poder Judicial del Estado de México ferdiaz.opinionjuridica@gmail.com
