Con base en la serie de datos concentrados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dadas a conocer en su informe “Gasto Federalizado: Resultados de su Fiscalización Cuenta Pública 2017 (Primera Entrega)”, el Estado de México se ubica como la entidad con el mayor monto observado del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
El documento incluye 242 informes de auditorías practicadas al gasto federalizado, donde el Estado registró observaciones por 916.5 millones de pesos que significaron 25.5 por ciento del total observado del FASSA; le siguen, Sinaloa con 534.1 millones de pesos (14.9 por ciento); Tamaulipas con 501.9 millones de pesos que representaron 14 por ciento; Michoacán con 463.4 millones de pesos y Oaxaca, con 374.8 millones de pesos.
En tanto, en el Programa de Inclusión Social: Componente de Salud (Prospera), tuvo observaciones a nivel nacional por 547.9 millones de pesos, de estos al menos 14.5 corresponden al Estado de México, posicionando a la entidad como la tercera, solo por debajo de Veracruz y Oaxaca.
Este reporte también señala que los recursos federales destinados a la entidad, contempló “pagos en exceso” con recursos del Seguro Popular 2017, a personal eventual por 7 millones 084 mil pesos.
Seguro Popular
Como se ha dado a conocer por esta casa editorial, en un análisis de la aplicación de recursos del Seguro Popular por el gobierno del Estado de México durante 2016, la ASF indica que de 9 mil millones de pesos, se auditó 50.3 por ciento y como resultado de este dictamen se dedujo un manejo irregular de por lo menos 820.75 millones de pesos.
Entre las observaciones de la ASF destacan que la entidad no demostró la aplicación de los rendimientos financieros generados correspondientes a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2016; del mismo modo se detectó personal no validado electrónicamente o no localizado en su centro de trabajo y del que no se acreditó su existencia, con mil 135.6 millones, 31.6 del total.
Finanzas, un reto
En repetidas ocasiones el secretario de Salud de la entidad, Gabriel O’Shea Cuevas ha reconocido que el problema financiero por el que atraviesa la dependencia es uno de los retos que frena proyectos, pues los adeudos no sólo se dan ante proveedores de insumos, medicamentos y materiales, también con terceros como aseguradoras e incluso existen registros de faltas de pago de cesantía y vejez, sólo ese adeudo ante el ISSSTE es de más o menos mil 200 millones.
Ha expresado que esta serie de adeudos impactó en puntos sensibles de la atención médica, ya que al iniciar la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el abasto de medicamentos era de apenas 25 por ciento, mientras que los pasivos ascendían a 9 mil 392 millones de pesos; sin embargo, en el último año se ha logrado liquidar 3 mil 657 millones de pesos, lo que representa casi 39 por ciento de los pasivos.
Al inicio de la administración, una de las primeras acciones que se implementó en el sector salud fue la depuración del personal administrativo, logrando que durante el primer año de gobierno, fueran destituidos al menos 3 mil 500 recursos humanos, que generaban un gasto mensual promedio de 80 millones de pesos.
Dicha reestructuración permitió redireccionar este recurso para la contratación de 700 médicos y enfermeras.
Pese a la carencia de medicamentos, insumos e infraestructura hospitalaria, el Seguro Popular sigue siendo la “única opción”, para miles de familias mexiquenses, quienes al carecer de otro servicio de salud, deben enfrentar las carencias y sorpresas de este sistema.
Con base en cifras de la Encuesta Intercensal en el Estado de México, de 2010 a 2015, el número de afiliados a algún tipo de servicio médico se duplicó al pasar de 39.7 a 78.7 por ciento; por ende, el índice de población no afiliada decreció al pasar de 54.8 puntos porcentuales a 20.6 en este mismo periodo.
Con base en estas cifras y a pesar de los avances que registra este documento, se estima que aproximadamente 3 millones 334 mil 647 mexiquenses no cuentan con servicios de salud; en contraste, al menos 32 municipios mexiquenses se ubican por arriba de la media nacional en la cobertura de este servicio, que se ubica en 78.7 puntos.
La localidad que registra el mayor porcentaje en este rubro es San Simón de Guerrero con 98.7 por ciento de su población afiliada, le siguen Zacazonapan, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Luvianos, Amatepec, Temascaltepec, Texcaltitlán, Zacualpan y Tlatlaya con porcentajes que van de 97.1 a 94.8; mientras que en la capital del Estado es de 83.8 por ciento.
Para 2015, el Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación cubría casi a la mitad de los afiliados a una organización que presta este servicio, sumando a más de 48.2 por ciento.
Cobertura y deficiencia
Con base en datos del Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2016, en el Estado de México, alrededor de 17.9 por ciento de los usuarios reportó algún problema en la calidad de la atención médica, mientras que la calificación promedio por consulta es de 8.9 por ciento, la relativa con el abasto de medicamentos y servicios de laboratorio y gabinete es de 8.
Los problemas de calidad se dan mayormente en poblaciones de carácter rural o con presencia indígena, mientras que en aquellos centros urbanos se reducen pero apenas en un punto porcentual. Dentro de los principales motivos por los cuales las personas se afilian al Seguro Popular, aparece con mayor frecuencia el no tener que pagar (porque no cuesta 33.6) y por enfermedad, 28.8 por ciento.
Recursos
Para el presente ejercicio fiscal, el gobierno del Estado de México, cuenta con un presupuesto de 8 mil 627 millones 990 mil 376.18 pesos como parte del esquema del Seguro Popular, de los cuales aproximadamente 40 por ciento se destina para el pago del personal.
De acuerdo conformación proporcionada por la Secretaría de Salud, durante el primer año de la gestión, se implementó una campaña “intensiva” de afiliación, con brigadas en los 125 y con módulos permanentes en campo, tareas con las que se logró la incorporación de 675 mil 528 beneficiarios, lo que suma 7 millones 673 mil 669 afiliados al Seguro Popular, de ellos, aproximadamente 7 millones 114 mil 973 son subsidiados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).
Para el presente ejercicio fiscal, a través de este programa, la entidad recibió alrededor 8 mil 627 millones 990 mil 376.18 pesos, de los cuales, 3 mil 451 millones 196 mil 150.46 pesos, es decir, 40 por ciento de este recurso se destina a la remuneración del personal, lo que contrasta con el rubro “Fortalecimiento a la Infraestructura Física”, donde no se registra inversión.
Entre los rubros con mayores recursos están la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, con 2 mil 588 millones 397 mil 112.85 pesos (30 por ciento), le siguen las acciones de promoción y prevención de la salud, con mil 725 millones 598 mil 075.23 pesos; en contraste las áreas con los menores montos son el fortalecimiento a la infraestructura física y consulta segura sin registro de inversiones; los sistemas de información automatizados con 7 millones 957 mil pesos y el programa de Fortalecimiento a la Atención Médica con 10 millones 361 mil 536.93.
Salud, atenta a peticiones
Ante la serie de observaciones que ha realizado la ASF, la dependencia estatal informó que dichos requerimientos “se vienen solventando mediante el envío de información y documentación que se solicita a las áreas ejecutoras del gasto y de las financieras y administrativas del Instituto, remitiéndola directamente a la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “A” de la Auditoría Superior de la Federación”.
Según preciso la dependencia estatal la última información se remitió el 9 de abril de 2018, y del cual la Auditoría no ha generado pronunciamiento, por lo que se mantiene a la espera de dicha resolución; del mismo modo se realizó un envío de información remitida el 14 de agosto pasado, y del cual la Auditoría no ha dado respuesta si la información y documentación enviada solventa dichas observaciones.
En lo que va de la administración del Gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, dio a conocer la dependencia, que los trabajadores adscritos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud se integra de 137 plazas y mil 531 contratos eventuales a los cuales se les hace la retención y entero de ISR, por lo que la administración está al corriente de sus obligaciones fiscales no adeudando cantidad alguna sobre los retenido a los trabajadores.
“Fue hasta el primero de mayo de 2018 que después de realizar varias gestiones ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado quedamos incorporados, recibiendo con esto la seguridad social, el sistema de ahorro para el retiro y el FOVISSSTE. A la fecha se han cubierto todos los pagos por estos conceptos; Seguridad Social hasta la primera quincena de octubre de 2018, SAR-FOVISSSTE pagado hasta el mes de agosto (bimestral). Para este Organismo es importante cumplir con nuestras obligaciones ante las diferentes instancias gubernamentales, pero sobre todo garantizar la estabilidad laboral de nuestros trabajadores”, informó la dependencia.
LC
