El gobernador Miguel Barbosa señaló que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe acelerar la revisión de cuentas públicas de todos los ex alcaldes, mientras que las 217 administraciones en curso tienen la obligación de denunciar y dar a conocer a la sociedad cualquier tipo de irregularidad cometida por sus antecesores.
Luego de que el alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera, denunciara que su predecesor, Javier Tirado Saavedra, dejó un daño patrimonial a las finanzas municipales por 195 millones de pesos, el mandatario reveló que el ex alcalde tenía vínculos con Francisco Romero Serrano, titular de la ASE suspendido de sus funciones y preso en el Cereso de San Miguel.
Cabe señalar que los integrantes de la Comisión con dictamen preliminar de Zacatlán refirieron que hay 562 observaciones sin solventar de la gestión de Luis Márquez Lecona, de las cuales 116 pudieran ser graves y con un monto total de 128 millones 573 mil pesos.
En la sesión se explicó que dos áreas son las que tienen los montos más altos en irregularidades, pues tan solo del área de Administración hay observaciones que constituyen más de 69 millones de pesos, en tanto, en la Dirección de Obra Pública hay hasta 7 observaciones por más de 58 millones 531 mil pesos.
De las 86 observaciones de la Dirección de Administración 76 tienen irregularidades en adjudicaciones del 2019 al 2021 por un monto superior a los 55 millones de pesos con relación de los bienes muebles e inventarios.
AFM
