La modificación de la medida cautelar de prisión domiciliaria por cárcel en contra de Miguel Ángel “N”, subsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, fue porque se encuentra bien de salud, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía, señaló que la determinación tomada por el juez a petición del Ministerio Público para echar abajo la medida cautelar se sustenta en tres puntos.
Tras un examen médico se certificó el buen estado de salud de Miguel Ángel “N”, luego de que sus abogados pidieron al juez que el imputado se mantuviera en su hogar para atender el padecimiento crónico que padece.
El reporte médico señaló que goza de buena condición física, lo cual no le impide continuar su proceso en el reclusorio Norte.
El segundo punto se fundamenta en que el servidor público presuntamente ocasionó un daño irreparable a la hacienda de la Ciudad de México por cerca de mil millones de pesos, mediante una red fraudulenta integrada por funcionarios con el objetivo de enriquecerse ilícitamente.
De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, Miguel Ángel “N”, encabezó una red que simulaba contratados para desviar recursos de la nómina de los trabajadores de la Ciudad de México.
"(Las indagatorias arrojaron) que un grupo de servidores públicos, coludidos posiblemente, simuló hacer dicha actividad a través de la contratación de tres empresas, las cuales recibieron un pago a cambio."Este grupo fue conformado por personas de la total confianza de Miguel Ángel “N”, algunas de ellas con parentesco y conocidos entre ellos mismos”, dijo Ulises Lara.
En tercer lugar, ningún acto de corrupción deberá permanecer impune y se le deberá perseguir y sancionar en el marco de la legalidad, sostuvo el vocero.
De igual manera, se estableció que el mismo grupo de funcionarios posiblemente realizó una ilegal autorización, gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno.
También se detectó otro desfalco al erario público en donde participó Miguel Ángel “N junto con Julio César “N”, administrador general de la Central de Abastos, quien clausuró de manera irregular varias bodegas que fueron vendidas de forma ilegal.
En la Central de Abasto probablemente celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.
El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del gobierno del entonces Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad para beneficio propio, personas cercanas y familiares.
JLMR
