Las comisiones que discuten la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, llamada Ley 3de 3, accedieron a que sea un comité ciudadano el que defina los formatos para presentar las declaraciones patrimonial y de intereses, por lo que el director del Centro de Estudios Económicos Espinosa, Enrique Cárdenas, llamó a que esos formatos tomen como base los de las declaraciones 3de3.
Cárdenas explicó que los ciudadanos que definirán esos formatos no se eligen arbitrariamente, sino que se realizará un proceso desde el Senado para elegir a sus 5 integrantes.
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción un comité ciudadano participa en varios de los procesos del sistema para garantizar el cumplimiento del mismo. Este comité es definido por otro grupo de ciudadanos elegidos por el Senado.
Para la integración del comité ciudadano el Senado constituirá una comisión de selección integrada por nueve mexicanos. Los candidatos para integrar la comisión de selección serán propuestos cinco por instituciones de educación superior y de investigación, así como cuatro por organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Los miembros de la comisión de selección no podrán ser designados integrantes del comité de participación ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la comisión de selección.
La comisión de selección emitirá una convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de comisionado ciudadano.
"En la presentación de la iniciativa 3de3, ayer en el Senado, se especificó que sean los formatos que aparecen en la plataforma 3de3 la base de los que presenten los funcionarios. Se propuso que los formatos sean propuestos por el comité ciudadano, que no es cualquiera, tendría que ser el comité ciudadano que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que ya fue aprobado en el dictamen de anoche. En él están 5 ciudadanos que son nombrados por otros 9 mexicanos y esos 9 los nombra el Senado. No es cualquier grupo de ciudadanos", dijo Cárdenas en entrevista con MILENIO.
¿Cómo se presentarán las declaraciones?
De acuerdo con los dictámenes que discute el Senado, los servidores públicos estarán obligados a presentar una versión pública y una privada de sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Los formatos para la presentación de las mismas los definirá el comité ciudadano, pero se plantea que tomen como base los formatos de la plataforma 3de3 que ya han sido utilizados por más de mil candidatos y funcionarios públicos que se han sumado a la iniciativa.
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las versiones públicas incluirán solo la información del servidor, sin incluir información de carácter privada, ni datos personales.
Mientras que la versión privada de las declaraciones que se entregará a la autoridad correspondiente sí contendrá datos personales e información patrimonial y de intereses de los familiares como cónyuge, padres, o dependientes económicos como sus hijos.
"El Sistema contempla un formato que no es público y otro que sí es público totalmente. En la parte que es pública naturalmente no podemos ir en contra de la Constitución en la parte de datos personales. Pero sí se puede poner lo que está en los formatos de ley 3de3 que respetan esa parte de los datos personales y esa sería la propuesta inicial, la propuesta de saque", dijo Cárdenas.
Las bancadas de PAN y PRD están en contra de que existan versiones públicas y no públicas de estas declaraciones por lo que votarán en contra de esa propuesta del PRI y PVEM.
"(En el dictamen aprobado en comisiones) sí vendrá información reservada de tipo personal", reiteró Cárdenas.
Destacó que la importancia en ambos formatos, el público y el privado, será la capacidad del Sistema Nacional Anticorrupción de consultar todas las bases de datos disponibles para revisar la veracidad de la información "tanto del SAT, como las declaraciones presentadas, como de Compranet y cruzar toda esa información".
La ley propone sanciones en caso de que se mienta en las declaraciones, se compruebe algún fraude o desfalco al Estado.
"Hay sanciones en la parte administrativa, dependiendo si es una falta grave o no grave. Si se materializa un desfalco o fraude, o soborno, se vuelve penal y ya no solo administrativo. Justo uno de los dictámenes incluye reformas al código penal para tipificar esos delitos", explicó el director del CEEY.
