Las organizaciones Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana denunciaron una creciente opacidad, incongruencia y evasión por parte de la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales al atender solicitudes de información sobre el hallazgo de fosas clandestinas.
Al presentar el informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de información sobre fosas en México, investigadoras de estas organizaciones alertaron que “cada vez es más difícil obtener información útil sobre fosas clandestinas, porque la capacidad de respuesta en las fiscalías ha disminuido de manera constante en los últimos años”.
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El documento, que forma parte del proyecto de Plataforma Ciudadana de Fosas, compara las respuestas que las 33 fiscalías del país entregaron en 2024 con las que se remitieron en 2025 a las mismas preguntas.
Este análisis se enmarca en el contexto del primer año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del inicio de la extinción de los institutos de transparencia locales, que ocurrió en 2025, así como el arranque del nuevo sistema de transparencia, en el que los sujetos obligados son al mismo tiempo las autoridades garantes, que se autorevisan.
“Si bien este ejercicio no está estableciendo una relación causal entre la dificultad de acceder al derecho a la información y la disolución del INAI, sí está mostrando resultados de que la transparencia y el acceso a la información sigue dependiendo de la voluntad política y de los criterios discrecionales de las autoridades en turno”, dijo Penny Ramírez, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
Leslie Salazar, también investigadora de la Universidad Iberoamericana, expuso, por ejemplo, que en 2022, el 93.8 por ciento de las fiscalías estatales respondieron a las solicitudes de información, pero en 2025, solo respondió al 62.5 por ciento.
Detalló que “el mayor retroceso se registró en 2025, que fue el primer año de operación del nuevo sistema de Transparencia para el Pueblo, ya que en este año, siete fiscalías que sí habían entregado información en 2024 dejaron de hacerlo en 2025”.
Salazar dijo que uno de los casos preocupantes es el de Baja California, que en 2024 respondió con información amplia, y en 2025 decidió clasificar esos mismos datos como información reservada.
“También encontramos otras inconsistencias, como, por ejemplo, Quintana Roo, que había informado previamente la localización de tres fosas en el período de 2006 a 2024. Sin embargo, un año después, al responder sobre prácticamente el mismo período, reportó cero hallazgos, lo que contradice la información que la propia fiscalía había entregado anteriormente”, dijo.
Además, Salazar advirtió que muchas autoridades utilizan argumentos para evitar entregar información realmente útil.
“Una de las respuestas más frecuentes es decir que no están obligadas a elaborar documentos nuevos. Y en muchos casos, utilizan este argumento para entregar información que no corresponde a lo que se les solicitó. Por ejemplo, Morelos respondió tanto en 2024 como en 2025 únicamente remitiendo el portal del INEGI, aunque ahí no se encuentra la información específica que se solicitó sobre fosas clandestinas”, expuso.
Nayarit, caso delicado
Penny Ramírez destacó como delicado el caso de Nayarit, que atendió la solicitud casi dos meses después y además entregó información incoherente con datos previos.
“En este proceso, no hubo una aclaración de por qué el tiempo y una de las cosas más alarmantes en este sentido es que en el ejercicio anterior, en 2024, reportó que tenía 41 fosas entre 2018 y 2024, y para el 2025 indicó que tenía cero hallazgos. Es el segundo caso en donde una fiscalía cambia sus resultados y sus reportes de un año a otro”, advirtió.
“El problema, entonces, no es solo que falte información, sino que no se puede confiar en la información que entrega el Estado. Porque cuando una autoridad reporta un número de fosas un año y al siguiente, modifica esa cifra sin explicación, o cuando clasifica como reservados datos estadísticos, cuando afirma no contar con registros que previamente sí existían, o cuando entrega información fragmentada, contradictoria o imposible de analizar, deja de ser posible conocer la verdadera dimensión de la crisis”, añadió Salazar.
“Y sin información confiable, no hay forma de evaluar la actuación de las autoridades, identificar patrones de violencia ni de diseñar políticas públicas eficaces”, lamentó.
Desgaste para ciudadanos
Por su parte, Pamela Benítez, coordinadora de Datos de Data Cívica, advirtió que las dificultades mencionadas en el informe revelan que “ejercer el derecho de acceso a la información implica un desgaste constante para la ciudadanía”.
Dijo que “nos encontramos con instituciones que no responden en los plazos establecidos, que entregan información distinta a la que se le solicita únicamente para cumplir formalmente con una respuesta, o que no atienden adecuadamente los recursos de revisión y las quejas que se interponen en la plataforma y este proceso se vuelve todavía más complejo ante la ausencia de un órgano garante descentralizado y autónomo como lo fue el INAI”.
Benítez añadió que “con cada actualización de la plataforma (de fosas) y de los datos que hacemos anualmente, se vuelve a evidenciar un problema estructural, que es que no existe una metodología homologada entre las fiscalías para registrar los hallazgos de fosas, de cuerpos y de restos humanos”.
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