La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque busca que se admita como prueba la información aportada por Suiza en el caso Odebrecht y con ello tratar de demostrar la presunta responsabilidad del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
La información relacionada sobre estados financieros fue declarada invalida por un juez federal en 2024, ya que el Ministerio Público Federal no acudió a la autoridad judicial para hacer tal petición.
Esto ha provocado que dichos datos de prueba no puedan ser usados ante un eventual juicio oral contra el exfuncionario.
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El asunto fue agendado para el lunes 21 de septiembre
Ante esta situación, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la FGR, solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción.
El asunto fue agendado para ser votado por el Pleno del Alto Tribunal el lunes 21 de septiembre, en el que únicamente los ministros definirán si deciden conocer el asunto.
En caso de que una mayoría esté de acuerdo en atraerlo, el tema será turnado a una ministra o ministro para que elabore un proyecto de sentencia. Pero si el Pleno determina que no, el asunto será returnado a un Tribunal Colegiado.
El debate central del caso radica en determinar si la información financiera obtenida en Suiza requiere autorización de un juez mexicano para usarse en un proceso penal, o si basta con haber seguido los lineamientos del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambos países para que la prueba sea completamente válida.
Gertz Manero calificó de ilegal desechar datos bancarios
Durante la administración de Alejandro Gertz Manero, la FGR calificó de ilegal la decisión de que debe desecharse toda la información bancaria aportada no solo por Suiza, sino también por Brasil y que pretendía usar la institución ante un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya.
Incluso aseguró que los jueces de Distrito y magistrados federales evidenciaron “notoriamente su parcialidad e ilegalidad” a favor del ex funcionario.
El fiscal aseguró que las pruebas fueron obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de las que incluso, la propia Corte ha resuelto como legales.
“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio ‘L’, que artículos expresos de la legislación, le niegan”, detalló la institución.
Emilio Lozoya también buscaba que fueran eliminados los testimonios y los interrogatorios de exdirectivos de la empresa brasileña Odebrecht que lo señalaron de recibir sobornos, pero en su momento la anterior integración de la Corte dejó firme la resolución de un Tribunal Colegiado que puso fin a las pretensiones del ex funcionario.
La FGR investiga a Emilio Lozoya por asociación delictuosa
En agosto de 2020, la FGR inició una investigación porque Emilio Lozoya denunció al expresidente Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012 y de comprar con 120 millones de pesos votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.
MA
