La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) se encamina hacia una transformación profunda. La institución, bajo el mando de Jesús Eduardo Govea Orozco, quien asumió la titularidad el 15 de diciembre de 2025, iniciará un proceso de evaluación y reestructuración que podría durar hasta un año. El objetivo es claro: despresurizar el sistema, mejorar la atención y, de ser necesario, destituir a los servidores públicos que no den resultados.
Govea Orozco, abogado por la UAT con amplia trayectoria en el servicio público y la academia, enfrenta un mandato de siete años con metas ambiciosas a corto plazo.
¿La Fiscalía General era un anhelo para usted?
«Cuando yo era niño, un tío mío que trabajaba en la Procuraduría General de la República me preguntó qué quería ser de grande. Yo le dije: “Bueno, pues voy a estudiar leyes”. Me preguntó por qué y yo le respondí: “Porque quiero castigar a los responsables”.
Esa fue mi respuesta cuando ni siquiera imaginaba todo el camino que habría que recorrer para poder llegar a este cargo. Creo que todos, como profesionales, esperamos siempre crecer y evolucionar en lo personal.
Cuando el Congreso del Estado emitió la convocatoria, hice una reflexión muy profunda y, dadas las circunstancias, decidí participar; al fin de cuentas, considero que es una oportunidad para servir más y mejor a las personas».
¿Cuáles son las metas para la FGJ en los próximos seis meses?
Mi intención es que fijemos algunos lineamientos para la evaluación del personal —qué hacen y cuáles son sus resultados— para encontrar esas áreas de oportunidad y buscar posibilidades de mejora, incluso la modificación de la estructura orgánica en donde se requiera.
Otra proyección que tenemos, que quizás lleve un poco más de seis meses, es la creación de un área especializada de nivel fiscalía que se dedique exclusivamente a la despresurización del sistema. Hay que buscar siempre la mejora constante y optimizar los procesos de atención inmediata para dar salida a los casos conforme a la ley.
¿Se podrían volver a investigar algunos casos donde las familias de las víctimas no quedaron conformes con el trabajo que hizo la fiscalía?
Si el estatus lo permite, porque no exista una resolución de fondo —es decir, una sentencia o una resolución jurisdiccional que haya sobreseído—, se podrá hacer. Habrá algunos casos, que espero no sean los de más impacto, que pudieran estar en lo que la gente entiende como "reservados". Esos se pueden reabrir. Vamos a hacer un diagnóstico situacional a profundidad, porque eso nos va a permitir determinar algunas líneas de acción.
¿Cómo van a luchar contra la corrupción que los ciudadanos afirman existe entre el personal de la Fiscalía?
Esto iría de la mano con la revisión del marco normativo; es decir, si es necesario implementar no solo un código de conducta, sino otros lineamientos con los cuales tener más rigor. Existen los órganos, están previstos en la ley y, eventualmente, lo que haremos es potenciar esas figuras, porque el área de Asuntos Internos es otra de las que hoy se encuentra rebasada en sus capacidades.
Una premisa fundamental es la evaluación conforme a resultados y conducta. Aunque nos lleve algún tiempo, posiblemente durante el primer año, estandarizaremos esos protocolos de revisión del desempeño.
Por los años que ha trabajado en la procuración de justicia, hay quienes lo conocen y creen que ya tienen asegurado el trabajo. ¿Qué piensa?
Fíjese que sí conozco a mucha gente, pero no con todas las personas existe el mismo nivel de confianza. Por otro lado, incluso en la conformación del equipo que queremos que nos acompañe en esta responsabilidad, habrá personas que no necesariamente son cercanas, amigos o, mucho menos, parientes.
Estamos considerando perfiles que, con base en su experiencia y méritos, puedan responder al plan de trabajo que tenemos. En cuanto al mérito, también hay que decirlo: hay muchas personas en la institución a las que no se les ha dado la oportunidad, a pesar de tenerlo. Ya no hablo solo de la antigüedad, sino del mérito. Eso es algo que estaremos revisando también.
Las madres buscadoras dicen que la Fiscalía tiene una gran deuda con las familias de los desaparecidos. ¿Qué respuesta hay para ellas?
Lo que tenemos que hacer es ver cómo está funcionando esa Fiscalía Especializada para evaluar si es necesario sustituir o remover a servidores públicos que no están cumpliendo. Si bien no disponemos de todos los recursos, ese diagnóstico situacional del que he hablado nos permitirá tomar medidas.
Una de nuestras obligaciones es identificar las exigencias de estos colectivos o de las víctimas. Ha sido muy relevante el acompañamiento que hacen los colectivos, pero también haría una reflexión respecto de los casos específicos: le damos la bienvenida al acompañamiento de los grupos, pero también a la voz de la persona que directamente está resintiendo el hecho, quien puede darnos pautas importantes para tomar medidas inmediatas.
Con el anterior fiscal, una queja frecuente era la falta de información con las víctimas y con la sociedad en casos públicos.
Es parte del compromiso que hemos adquirido al rendir protesta y asumir el cargo. Hablo en plural porque la Fiscalía no la compone una sola persona. Si no hay transparencia del Ministerio Público, eso genera una percepción de mala atención, deficiencia en el servicio o impunidad. Sin embargo, también tenemos que ser cuidadosos con la información, porque esto puede marcar la diferencia entre el éxito o la dilación en un caso. Vamos a procurar hacerlo.
Poder tener una reunión con un fiscal es muy complicado. Las víctimas quieren ser atendidas por la autoridad. ¿Habrá espacio en su agenda para las audiencias?
La Fiscalía General es un ente donde estamos todos; de manera que, cuando sea posible, lo haré, porque es parte de mi obligación atender y escuchar a las personas. También pretendo tener presencia en las instalaciones de la Fiscalía en todo el estado. En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, uno de los ejes principales fue la vinculación con la sociedad y tener esa apertura; creo que lo hicimos bien mediante pasos graduales. Siguiendo esa misma filosofía, creo que podemos hacerlo también en la Fiscalía General. Queremos que sea de puertas abiertas dentro de los parámetros necesarios para equilibrar el trabajo de comunicación sin descuidar el enfoque en la labor diaria.
Como fiscal anticorrupción, usted logró vincular a proceso a más de 20 exfuncionarios. ¿Era muy evidente lo que habían hecho o hubo complejidad para judicializar los casos?
Algunos son más sencillos porque se trata de hechos más visibles, pero la mayoría de los que impulsamos tenían un grado de complejidad técnica muy importante. Hay quienes opinan que nos hemos tardado mucho o critican este avance de forma negativa; lo cierto es que la mayoría de estos casos requirieron tiempo para garantizar que fueran sólidos.
Por ejemplo, sin precisar nombres, el caso de una persona en prisión preventiva implicó analizar información muy copiosa para establecer la trazabilidad de los recursos públicos y realizar análisis forenses sobre las artimañas utilizadas para simular el cumplimiento de requisitos en contrataciones.
Los panistas insisten en que fue una persecución política. ¿Usted qué dice?
En los casos donde hemos ejercitado la acción penal, hemos establecido la existencia de elementos para determinar que no son casos fortuitos ni accidentales. Esto requiere un esfuerzo importante. Me parece que no existe necesidad alguna de personalizar el asunto; sería un grave error de mi parte y me alejaría de mi propia ética profesional e institucional.
Dicen que usted es el “fiscal del gobernador” o el “fiscal carnal”. ¿Cómo lo toma?
Eso es parte de las críticas, muchas de ellas sin fundamento o malintencionadas. Son cuestionamientos de personas que quizás no ven con simpatía mi designación, pero eso no representa un impedimento para cumplir con el mandato. Quiero hacer una precisión: más allá de lo que se diga, el diseño constitucional y el marco legal no los creamos nosotros; es un mecanismo de ley.
Independientemente de la cercanía que algunos me atribuyen con el señor gobernador, el trabajo institucional diario en materia de seguridad obedece a una estrategia nacional que agrupa a todas las instituciones. Por lo tanto, el trabajo será diario y de la mano del titular del Poder Ejecutivo y de las instancias que conforman la Mesa para la Construcción de la Paz. No existe obstáculo para trabajar coordinadamente con todos los niveles de gobierno.
SJHN
