La Ley de Rentas Justas tiene lagunas que podrían afectar a estudiantes, migrantes, familias y personas sin ingresos comprobables ni aval, así confirmaron algunos expertos y legisladores.
Coincidieron en que la iniciativa carece de información suficiente para evaluar sus efectos económicos y sociales para propietarios e inquilinos, principalmente en materia de garantías y cobros.
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¿Qué explicaron los expertos?
Señalaron que una menor oferta formal de arrendamiento reduciría sus alternativas y podría endurecer los requisitos de acceso, mientras la escasez en zonas centrales de la ciudad podría empujar a nuevos hogares hacia la periferia, lejos del empleo y las escuelas, con trayectos más largos y costosos.
El abogado constitucionalista, José Luis Matabuena, cuestionó que pretenda imponerse un límite al precio de una renta, incluso al cambiar de ocupante:
“Es absurdo que la autoridad pretenda que cuando un inquilino deje la vivienda, se tope la renta en el mismo costo para el próximo inquilino…El contrato es un acuerdo de voluntades entre partes. El gobierno no se puede meter en la propiedad privada en ese punto”, aseguró.
Incluso advirtieron posibles cancelaciones de contratos y retiro de inmuebles para evitar el registro obligatorio que se plantea en la nueva legislación. Lidia González, académica de la Universidad Rosario Castellanos, consideró que algunos propietarios podrían anticiparse a las restricciones y aumentar desde ahora los precios en rentas.
Las bancadas de oposición en el Congreso de la Ciudad de México adelantaron que votarán contra la iniciativa gubernamental argumentando que el derecho a la vivienda debe garantizarse con políticas que amplíen su disponibilidad, no con restricciones que puedan agravar su escasez.
El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, expresó que la propuesta puede contener buenas intenciones, pero como está planteada, provocará escasez de oferta, incremento de precios e incertidumbre jurídica.
“Así como está planteada, sin modificaciones, el PAN tiene claro que votaría en contra. Presentaremos las reservas correspondientes para ver si podemos construir una iniciativa que sí ayude a tener mayor oferta de vivienda, y por lo tanto, varios precios”, puntualizó.
¿Qué propone la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas?
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles fue publicada el 14 de octubre de 2026 y turnada el 20 de octubre a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Continúa pendiente de dictaminación y eventual votación en el pleno.
Propone establecer tope a las rentas; garantías y cobros y protección de no discriminación a quienes viven con niñas, niños o mascotas; además plantea crear una Defensoría Gratuita en la Procuraduría Social y registro digital de los contratos de arrendamiento ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
Multas y sanciones
Plantea multas de entre 11 mil 731 a 46 mil 924 pesos a propietarios por aumentos de rentas superiores al límite; de dos mil 932.75 a cinco mil 865.50 por no entregar contrato original y de uno a tres meses de renta por incumplimientos del registro o su constancia.
En el caso de los inquilinos se proponen sanciones de cinco mil 865.50 a 11 mil 731 pesos por uso no habitacional sin autorización expresa y de cinco mil 865.50 a 23 mil 462 pesos por realizar modificaciones no autorizadas en el inmueble.
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