El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a tres magistrados que favorecieron al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos involucrados en el caso Ayotzinapa.
En la conferencia mañanera, el funcionario explicó que en el caso de Abarca, el pasado 15 de noviembre y por mayoría de votos, el Tribunal Colegiado le otorgó un amparo para que el juez tercero de Control de Toluca cite a las partes a una nueva audiencia, en la que, con libertad de jurisdicción y previo debate, determine otras medidas cautelares distintas a la prisión preventiva oficiosa.
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Los magistrados señalados son Rubén Sánchez Valencia y Luis Alberto Castro, quien es secretario en funciones de magistrado.
“De acuerdo al Colegiado, la prisión preventiva oficiosa impuesta a José Luis ‘N’ viola sus derechos convencionales en atención a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, las cuales pugnan por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa”, dijo.
Respecto a Pineda Villa, explicó que el 24 de abril, el magistrado Jorge Montellano Iturralde revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles “N” por delincuencia organizada y ordenó la reposición del procedimiento, ya que a su consideración el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica.
“De acuerdo al magistrado Montellano, el juez desahogó diversas diligencias sin la asistencia de la defensa; tampoco llevó a cabo el careo procesal entre la implicada y un testigo colaborador; ni se cercioró si el defensor público federal que asistió a la implicada en su declaración preparatoria, contaba con la cédula profesional”, remarcó.
En otro caso, se acusó al juez Marco Antonio Beltrán de favorecer al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, al determinar modificar la prisión preventiva justificada que había en su contra por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos, entre otras.
“Con esta resolución, el juez Beltrán Moreno beneficia a Roberto “N” bajo la jurisprudencia 32/2022, que en armonía con el 20 Constitucional, establece que a una persona procesada se le debe revisar la medida cautelar después de dos años de haber sido impuesta. Sin embargo, permanecerá recluido en el Ceferepsi Morelos ya que otro juez le confirmó nuevamente la prisión preventiva por delincuencia organizada”, apuntó.
LP
