En el kilómetro 19 de la carretera estatal 411, en el municipio de Huimilpan, Querétaro, hay un terreno de 100 hectáreas llamado El Salto que es motivo de disputa entre una familia queretana y el exgobernador panista Francisco Domínguez Servién, quien firmó un fideicomiso tan solo un año y siete meses después de dejar el cargo para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario en el rancho contiguo.
La familia Urquiza Fernández, dueña de El Salto, acusa al exmandatario de pretender quedarse con ese predio, como lo hizo con el de junto, La Haciendita, de 179 hectáreas, con un esquema que combina un fideicomiso ventajoso, una empresa constituida con 100 mil pesos de capital y el uso del aparato de procuración de justicia estatal para perseguirlos por negarse a ceder su terreno.
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El 10 de agosto, en conferencia de prensa en Querétaro, Pamela Urquiza Lindacher denunció que el exgobernador —de 2015 a 2021— busca apoderarse de El Salto porque tiene un pozo de agua que abastece a La Haciendita, que no cuenta con infraestructura de energía eléctrica y agua potable, pues su uso es agrícola.
En cambio, El Salto tiene una autorización por 15 años para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales por un volumen de 360 mil metros cúbicos por año.
Por ello, la familia Urquiza señala que ese pozo es clave para los proyectos inmobiliarios de Domínguez Servién, pues cruzando la carretera está el estadio de béisbol Finsus, casa de Los Conspiradores de Querétaro, construido en 2023 y 2024 sobre otro rancho, La Cruz de Mayo, propiedad del exgobernador.
MILENIO tiene copia del fideicomiso de La Haciendita, —que por años formó parte de la Hacienda El Vegil junto con El Salto—, para el desarrollo de viviendas y comercios.
El contrato lo firmó el propio exgobernador panista como representante legal de la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V., que se constituyó el 30 de junio de 2023 con 100 mil pesos de capital social.
Del otro lado firmó la viuda de Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui, la señora María Guadalupe Fernández Villanueva, Pita, que a la muerte de su pareja heredó La Haciendita. A cambio le ofrecieron un millón de pesos.
Aquí el reporte:
???? La familia Urquiza, propietaria del rancho 'El Salto', en Querétaro, denunció que el exgobernador Francisco Domínguez busca apoderarse de la propiedad, que cuenta con un pozo de agua que, según la familia, podría abastecer proyectos inmobiliarios vinculados al exmandatario.… pic.twitter.com/QDgmXfRlf2
— Milenio (@Milenio) August 19, 2026
Los accionistas de MFJ Campestre S.A. de C.V. quedaron así: Francisco Domínguez Servién, con el 60 por ciento; su hermana María Elena Domínguez Servién, con el 10 por ciento; y Juan Israel Montaño Jiménez, con el 30 por ciento.
Domínguez podía vender, hipotecar o disponer de los bienes de la empresa con su sola firma, según se estableció.
Pese a que Pita aportaría el terreno y Domínguez Servién el proyecto y los recursos económicos, en el fideicomiso se estipuló que la familia recibiría solo el 20 por ciento de las ventas netas y, en cambio, Domínguez Servién se quedaba con el 80 por ciento, más una comisión de comercialización del 12 por ciento sobre las ventas brutas.
Además, todas las decisiones importantes, como el plan de negocios, precios, créditos, reparto de utilidades y hasta la reversión del contrato, las tomaría un Comité Técnico donde Domínguez Servién tiene un asiento como miembro propietario, con mayoría de votos. Y si el negocio no prospera y fracasa, una cláusula obliga a la familia a devolver primero los gastos de la empresa para poder recuperar su propiedad.
Mientras tanto, en marzo de 2024, la familia Domínguez constituyó una nueva empresa, Dominan Desarrollos, S.A. de C.V., con Francisco Domínguez Castro, hijo del exgobernador, como administrador único, y Andrea Karina Domínguez Castro, también hija del panista, como apoderada, ante la misma notaría que usó MFJ Campestre. Su objeto social es prácticamente idéntico al de esta última.
Seis días después, el 14 de marzo, en una asamblea de MFJ Campestre, Francisco Domínguez Servién vendió la totalidad de sus 60 acciones y salió formalmente de la sociedad: dos a Karla Victoria Aguilar Roldán y 58 a la recién nacida Dominan Desarrollos. Por lo que se le revocaron los poderes que tenía desde la fundación de la empresa. En su lugar, quedó como nuevo presidente del consejo, su hijo, Francisco Domínguez Castro.
“Un fideicomiso leonino”
Cuando los hermanos Agustín y Julián Urquiza revisaron el fideicomiso, se dieron cuenta de que el esquema buscaba quedarse con el terreno y favorecía completamente al desarrollador. También tuvieron noticias de que la intención era meter los dos ranchos al fideicomiso, con Pita, como aliada.
“Era un fideicomiso súper leonino, que nuestros abogados lo revisaron y nos dijeron: si ustedes se meten a esto, están regalando su rancho y los van a fregar”, comenta la familia en entrevista a MILENIO.
Agustín, hijo del fallecido Urquiza Fernández de Jáuregui, tenía en su poder un instrumento legal con el que no contaban ni Pita ni Domínguez: un mandato irrevocable para actos de dominio que su padre le había otorgado en vida, después de hacer su testamento.
El artículo 2494 del Código Civil de Querétaro establece que ese tipo de mandato no se extingue con la muerte. Con ese poder, en enero de 2023, Agustín donó El Salto a sus familiares, su hermano Julián y a su hija Pamela Urquiza Lindacher.
“Pita había dicho que iba a aportar los dos ranchos, pero ella no estaba en la capacidad jurídica de hacerlo y por eso necesitaban la firma de mi papá y por eso Francisco Domínguez se enojó mucho cuando vio que este rancho no se iba a aportar”, dice Pamela, en entrevista a MILENIO.
“No están dispuestos a regalarle el terreno al exgobernador, entonces la presión avanza”, comenta Rodrigo Madero, abogado de la familia.
“Está la presión de que quieren meterlos a la cárcel”, agrega.
Así la familia acusa que existe un 'cártel inmobiliario' en la entidad que es encabezado por el exgobernador.
De una disputa civil a una penal
Pita, la viuda y socia de Domínguez, pidió la nulidad de la donación de El Salto, argumentando que el predio ya formaba parte de la masa hereditaria cuando Agustín papá lo donó. Los demandó.
La Fiscalía General de Querétaro le abrió una carpeta de investigación (QRO/30535/2023) a Agustín. Le imputó el presunto delito de administración fraudulenta agravada. A Julián y Pamela les imputaron los supuestos delitos de fraude procesal, por haber defendido la validez de esa donación al contestar la demanda civil.
Agustín fue vinculado a proceso el 5 de julio de 2024. Julián y Pamela, con prácticamente las mismas pruebas, fueron vinculados en noviembre de ese año. Contra las dos hay amparos en trámite, y uno de ellos ya les concedió la protección contra la vinculación a proceso.
Existe además una segunda carpeta abierta en Huimilpan por una denuncia de la hermana mayor de Agustín, que lo acusa de quedarse con dinero de las rentas sobre El Salto. La defensa sostiene que esas rentas siempre se le entregaron a Pita. Con esa segunda carpeta, la autoridad intentó detener a Agustín, argumentando que la prisión preventiva estaba justificada. Agustín tuvo que esconderse.
“Toda la fuerza del estado está en nuestra contra”, dice Pamela Urquiza Lindacher en la entrevista.
Además de la persecución judicial, se refiere a tres cateos en menos de cuatro días, que ocurrieron entre el 31 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. El primero fue en la casa de Agustín, en el que ordenaron asegurar el inmueble sin autorización judicial para hacerlo, acusa la familia.
“Me toca ver Defensa, Guardia Nacional, Ejército, Policía de Investigación de Delitos, Fiscalía, parecía que estaban agarrando a El Chapo, eran alrededor de 100 personas, alrededor de 20 camionetas”, relata Pamela.
Los días siguientes se realizaron los cateos en los domicilios de Pamela y de Julián. Pamela vive con su esposo y sus cuatro hijas, una bebé y la mayor de seis años. Aun así llegaron armados.
“Llegaron y arrancaron las cámaras para no dejar evidencias”, dice Pamela. “Había cuatro niñas, mis hijas, nerviosas, lloraban asustadas, escuchaban como tiraban cosas”, añade.
MILENIO tiene acceso a los videos en los que se ve el megaoperativo afuera de la casa de Agustín, además de fragmentos de los cateos en casa de Pamela y Julián.
En un comunicado, el exgobernador se deslindó de todo el conflicto y aseguró que se trata de un tema familiar.
“No fui yo quien inició ese procedimiento, ni existe alguna condición que me relacione con el mismo”, publicó en redes sociales.
Nunca mencionó el fideicomiso que firmó y con el que comenzó todo.
MILENIO buscó al PAN Querétaro para hablar con el exgobernador, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
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