Un juez aplazó hasta nueva fecha la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a 20 ex funcionarios del sistema penitenciario federal por presuntas irregularidades en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
De acuerdo con funcionarios judiciales, el motivo fue porque dos de los involucrados no se presentaron a la audiencia que dio inicio a las diez de la mañana, vía videoconferencia.
Por su parte, autoridades federales agregaron que la defensa del testigo colaborador Javier Haro de Alva, ex director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), argumentó que su cliente padece una enfermedad que afecta sus facultades mentales.
Haro de Alva goza de un criterio de oportunidad y aportó pruebas que sirvieron para integrar la carpeta de investigación.
Indicaron que la defensa de Javier Haro aseguró que existe un juicio en proceso que le impide en estos momentos comparecer, debido a la enfermedad.
Por estas razones, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur determinó diferir la audiencia, reservando la fecha para tal efecto.
Dejaron claro que quedaron a salvo las facultades del Ministerio Público Federal para la conducción de audiencia de los dos ex funcionarios faltantes, ya sea a través de una orden de comparecencia o de aprehensión.
Esta es la segunda vez que se aplaza la audiencia; la primera fue el 23 de junio de este año, porque la mayor parte de los involucrados apenas habían tenido acceso a la carpeta de investigación o no habían sido notificados.
La FGR judicializó la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, porque presume que los ex funcionarios pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación del servicio en las prisiones Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
Entre los ex funcionarios que trata de imputar están el general Salvador Camacho Aguirre, uno de los ex mandos de la Policía Federal que participaron en los operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán.
También el ex coordinador de prisiones y ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, el general Sergio Alberto Martínez Castuera.
La ex coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación (Ceferesos), Celina Oseguera Parra, así como el ex director General de Administración del OADPRS, Paulo Uribe Arriaga.
El resto son: Miguel Vital Hernández, quien fue director general adjunto de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo; Raúl Gerardo Lemus Soto, que sirvió como director de apoyo operativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Prevención y Readaptación Social.
De igual manera, al ex oficial mayor de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Sergio Montaño Fernández; Arturo Sosa Viderique, director general de administración del OADPRS, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de los centros federales.
Es de mencionar que Paulo Uribe enfrenta una orden de aprehensión, la cual tiene que ver con otro caso, ya que hace unos días se supo que fue relacionado con el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, a quienes se busca por un presunto desvío de 3 mil millones de pesos.
FS
