La repetición de la consulta indígena en el municipio de Bolaños y la redefinición de las reglas de paridad de género para la postulación de candidaturas encabezan la lista de temas prioritarios que recibe Ernesto Santana Bracamontes al asumir la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Esta transición en la titularidad del organismo se da a pocos días de que comience formalmente el proceso electoral 2026-2027 en la entidad.
Santana Bracamontes tendrá la tarea de preparar el IEPC rumbo a las elecciones 2027
Respecto al caso de Bolaños, el ejercicio previo fue anulado por determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá ejecutarse nuevamente.
Para dicho fin, el IEPC proyectó un presupuesto estimado de 3 millones 136 mil pesos, aunque la fecha de realización se mantiene sin definir.
“Mientras no se lleve a cabo y no se apruebe el cambio de régimen de la comunidad, pues seguirá habiendo elecciones a través de los partidos políticos”, precisó Santana Bracamontes sobre el proceso mediante el cual los habitantes determinarán el modelo para elegir a sus autoridades.
A la par de la consulta indígena, el organismo electoral deberá replantear los lineamientos de paridad para las elecciones de 2027.
Originalmente, el IEPC había contemplado la postulación exclusiva de mujeres en ocho municipios del estado; sin embargo, dicho criterio fue dejado sin efecto en julio pasado tras un fallo resolutivo de la Sala Superior.
“Me parece que habrá que ver para el caso de Jalisco, pues el acuerdo fue revocado, no va a ser aplicado en este proceso y a partir de todo esto habría que valorar la posibilidad de aplicarlo en procesos siguientes”, explicó el titular del IEPC.
Santana Bracamontes manifestó de manera personal su respaldo para continuar impulsando la participación política de las mujeres en la entidad.
Además enfatizó que cualquier pronunciamiento o determinación del Consejo General del instituto deberá alinearse de forma estricta a los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales electorales.
CH
