El Poder Judicial de la Federación atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia por la mala relación que tiene con el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha descalificado las decisiones que han tomado los juzgadores contra su proyecto de gobierno.
La primera de varias disputas surgió el 6 de diciembre de 2018, cuando el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, otorgó una suspensión a la minoría del Senado que había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente. La suspensión evitó la aplicación de ese estatuto.
Lo anterior provocó el enojo de López Obrador quien calificó de deshonestos a los ministros y pidió que retiraran del pleno de la Corte el retrato del presidente Benito Juárez. También expresó que en el PJF hay servidores que perciben sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales, lo cual fue calificado como falso por la SCJN.
El 10 de diciembre, en un hecho inédito, los juzgadores federales hicieron la primera manifestación pública de su historia para señalar a López Obrador y a los senadores de Morena de tratar de ejercer una clara intromisión contra el Poder Judicial para debilitarlo, y de esa manera dejar a un lado el sistema de contrapesos que debe existir entre los Poderes de la Unión.
Días después, el ministro Pardo Rebolledo exhortó a los juzgadores a ser prudentes, a no caer en provocaciones y a evitar entrar en la tentación de hacer política.
El 14 de diciembre, el entonces presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, pidió y dijo ante López Obrador, durante su cuarto y último informe de labores, no olvidar la máxima de Benito Juárez que señala “nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.
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