El candidato a diputado local por el distrito 10 de Durango, Zuriel Rosas, dio a conocer que de ganar la elección el próximo 02 de junio, presentará ante el congreso iniciativas para crear la ley Antiabuso Policial.
La propuesta contempla sanciones administrativas que van desde una amonestación, multas económicas mínimas de 50 umas, la suspensión por tiempo determinado del cargo público, hasta la inhabilitación de policías, además de las penas de prisión que preveé el código penal del estado de Durango que detalla sobre las conductas en que pueden incurrir los agentes policiales.
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“A nivel estatal son demasiadas las quejas de las y los ciudadanos gomezpalatinos, en contra de los agentes de seguridad pública de diferentes corporaciones policiacas y esto no puede ser posible pues se supone que los policías están para cuidarnos, no para fregarnos”, detalló el candidato a la diputación local en Gómez Palacio.
Zuriel Rosas explicó que su propuesta consiste en realizar un mecanismo de observancia social que será integrado por una sociedad civil conformada por ciudadanos de los diferentes distritos, representantes y defensores de los derechos humanos, así como empresarios y representantes de la comunidad estudiantil.
Al reiterar que “el objeto de esta ley es realizar la observancia correspondiente, otorgar asesoría jurídica gratuita al ofendido o afectado para darle seguimiento al 100% con su asunto y ofrecerle acompañamiento ante el ministerio público.
Rosas precisó que, “además se debe capacitar y humanizar el modelo de instrucción académica policial ya que los policías también son ciudadanos y deben de otorgar un trato digno a la comunidad".
Aseguró que es urgente atender el tema ya que cifras del INEGI señalan que hay una percepción de que al menos el 69.7% de la población tiene desconfianza de la policia preventiva municipal, seguido de un 66.3% de desconfianza en la policia estatal.
Las iniciativas que habrá de presentar el ahora candidato a la diputación local para la creación de la ley Antiabuso Policial, también contempla a todas las autoridades admistrativas y/o superiores jerárquicos que tengan conocimiento y no actúen conforme al protocolo del procedimiento administrativo, en contra de agentes de seguridad pública que sean observados.
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