Antes de que fuera asesinado, el 25 de julio de 2024, Héctor Melesio Cuén Ojeda dedicó horas a hablar de todos sus adversarios. Acusó de ineptitud, corrupción y nepotismo a la clase política de Sinaloa. Señaló al gobernador Rubén Rocha, a su familia y a su círculo cercano; los acusó de utilizar la justicia de manera facciosa y advirtió que, desde la Fiscalía, ya se estaría fraguando un montaje en su contra.
A lo largo de 97 capítulos de su podcast Cuentas Claras, el entonces dirigente del Partido Sinaloense (PAS) dejó un testamento político abandonado en sus redes sociales en el que da su verdad. En cada video habló sin filtro de todos: morenistas, panistas, pesistas, empresarios, líderes sociales y periodistas. Los llamó “delincuentes” y “secuestradores”, y no escatimó calificativos contra cientos de personajes.
A dos años del homicidio, la versión más precisa sobre el crimen sigue siendo la de la primera carta escrita por Ismael El Mayo Zambada sobre el asesinato y secuestro en Huertos del Pedregal; y la única voz que ha explicado el motivo es el propio Cuén, quien dejó todo documentado en YouTube y Facebook, sin que hasta la fecha exista una investigación concluyente que determine a los autores intelectuales y materiales del homicidio del exrector.
El hostigamiento
En el capítulo 94 del podcast, publicado el 17 de julio de 2024 —una semana antes de ser asesinado—, denunció un operativo de vigilancia en su contra. Dos vehículos Versa blancos lo rodeaban en la casa de su hijo y en sus negocios, acompañados de tres motocicletas con personas vestidas de civil y una camioneta de doble cabina.
Afirmó que un dron sobrevolaba la casa de sus hijos cada 20 minutos y presentó imágenes como evidencia. “Ahí están, miren”, dijo durante la transmisión, mostrando las imágenes que había captado del operativo.
El exrector vinculó directamente este hostigamiento a Rocha Moya: “¿De qué se trata, gobernador? ¡Controle a su gente, controle a su secretario de gobierno!”, exigió, denunciando que se trataba de un acoso sistemático contra su familia.
Dijo que ya tenía varios amparos contra posibles órdenes de aprehensión, y que sus negocios también estaban siendo afectados por este cerco. “No se vale lo que están haciendo”, reclamó, calificando la situación como una “cochinada”.
“Rocha nos quitó la protección”
En el capítulo 79, publicado el 27 de junio, Cuén denunció que el gobernador había ordenado retirar la seguridad que lo protegía a él y a su familia.
“Yo tenía algunas gentes que me cuidaban como consecuencia de algunas situaciones de violencia que se han dado en mi familia y que se dieron cuando yo fui rector de la Universidad. Rocha le dio instrucciones al secretario Inzunza para que nos quitara la protección… Y yo dije: seguramente quieren más fácil eliminarnos por ahí. Por eso siempre he hecho responsable al gobernador de lo que nos pueda pasar a nosotros como familia”, advirtió.
Según Cuén, su familia ya enfrentaba órdenes de aprehensión “sin fundamento”, dictadas desde el aparato judicial controlado por “el Clan Inzunza”; “no hay delito que perseguir”, declaró.
Comparó a Rocha Moya con Adolfo Hitler y José Stalin por consolidar su poder a través del terror. Lo describió como “el menos confiable, el más complicado y caprichoso” entre todos los gobernadores de Morena, y aseguró que había convertido a Sinaloa en un infierno.
“Si algún empresario alza la voz, por eso no la alzan… en lugar de atenderlos, reparten volantes, pero son órdenes de aprehensión y a veces les hacen mano de coches, mandándoles los fiscales enmascarados.”
El mecanismo de represión, denunció, estaba perfectamente aceitado:
“Cuando alguien no está de acuerdo con el gobierno, inmediatamente… Dámaso se encarga de armar la carpeta de investigación; hacen una siembra.”
Dámaso Castro Saavedra es uno de los diez mexicanos que Estados Unidos acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico. El funcionario se desempeñaba como vicefiscal general de Sinaloa, pero pidió licencia al cargo el 5 de mayo.
“Quieren sembrar un autosecuestro”
En el capítulo emitido el 18 de mayo, Melesio Cuén Ojeda advirtió que desde el gobierno de Sinaloa se orquestaba un montaje para fingir un autosecuestro en su contra. En su programa, señaló directamente a José Clever Rocha —hijo del gobernador— y al secretario de Gobierno, Enrique Inzunza, como los orquestadores de una estrategia para fabricarle un delito.
“Ya nos dijeron en la Fiscalía que quieren sembrar un autosecuestro donde nosotros participamos. No, señores, eso no se lo van a creer ni en su casa. Por eso nosotros levantamos a nuestra gente.”
Al menos 11 denuncias
El 3 de julio, Cuén documentó al menos 11 denuncias formales presentadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 ante cinco instancias —tres federales y dos estatales— contra el gobierno de Sinaloa.
“Nosotros descubrimos corrupción por más de 3,000 millones de pesos […] porque a ellos no los audita la Auditoría Superior de la Federación, los audita nada más la Auditoría Superior del Estado, y esa es del gobernador; se autoauditan”, acusó.
Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Sinaloa. Señaló que el gobierno opera un “carrusel” de licitaciones donde el dinero termina en empresas vinculadas a los hijos del gobernador:
“Son alrededor de 3,000 millones de pesos. Escuchó bien, usted, 3 mil millones de pesos”, insistió.
Otras acusaciones incluyen la compra irregular de patrullas a una empresa del secretario de Economía estatal, Javier Gaxiola Copel, y una violación fiscal por mil 600 millones de pesos. Cuén aseguró que el gobernador encontró esos recursos faltantes desde que llegó, pero ocultó la información.
El clan Inzunza y la red de nepotismo
En su capítulo 78, publicado el 4 de julio, Melesio Cuén no solo nombró a los responsables, sino que trazó un mapa genealógico y burocrático del poder en Sinaloa. Según sus investigaciones, el entramado de nepotismo que controla el Poder Judicial y las dependencias gubernamentales estaría integrado por al menos 42 personas, con el gobernador Rubén Rocha Moya como protector y Enrique Inzunza Cázares como el cabecilla del clan.
La cercanía entre ambos la revela Cuén: “El gobernador Rubén Rocha Moya… sus abuelos tuvieron una hija de nombre Antonia Rocha Cázares, que es abuela del padre de Enrique Inzunza Cázares; por lo tanto, Enrique es sobrino nieto de Rubén Rocha.”
Señaló un reparto de al menos 20 operadores y familiares en el Supremo Tribunal de Justicia; 7 en la Secretaría General de Gobierno; 4 en el Colegio de Bachilleres (COBAES) —incluida la dirección general—; 2 en la Secretaría de Administración y Finanzas; 2 en la Unidad de Investigación Patrimonial; 2 en la Oficina del Gobernador; y 5 más en otras dependencias como Salud, Agua, CEPIC y Desarrollo Urbano.
Un caso “paradigmático”, dijo, es el del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel: “Era el chófer cuando llevó a la esposa de Inzunza… y resulta que lo tiene ahora de presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa”. Para el dirigente del PAS, este ascenso fulgurante es la prueba más evidente de que la justicia en el estado no es más que un botín político al servicio de una sola familia.
Denunció que su hijo fue víctima de una persecución judicial: “Hace unos días, mi hijo tenía que ir a una audiencia… liberaron una orden de aprehensión. ¿Por qué? Si no se ha investigado… es un abuso de poder lo que están cometiendo.”
La acusación también la dirige a la Fiscalía del Estado, a la que acusa de ser un brazo político del gobernador.
Señaló el gasto millonario en almacenaje mientras se desatiende el estímulo de lluvias, calificó la megafarmacia como un fraude y documentó el abandono de los centros de salud en el estado. Apuntó con dureza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de mirar hacia otro lado.
Familia Rocha
En el último programa antes de su asesinato —publicado el 20 de julio—, Melesio Cuén denunció el enriquecimiento de la familia del gobernador. Hizo la observación de que los hijos de Rocha Moya pasaron de vivir en casas de interés social a comprar propiedades de lujo de hasta 23 millones de pesos, todo ello inmediatamente después de las elecciones de 2021. “La prueba está ahí, están las fechas”, afirmó.
También advirtió sobre un montaje judicial en su contra: “Hay una carpeta de investigación sembrada”, dijo, y citó a Enrique Inzunza garantizándole impunidad a Rubén Rocha Moya:
“Tú puedes hacer lo que quieras, robar, matar y todo; yo tengo el poder judicial”.
Reveló que ya había presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación por licitaciones arregladas y compra de patrullas sobrevaloradas. “Si quieren, les enseño todos los acuses de recibo”, dijo.
En el mismo capítulo, expone un caso de despilfarro y nepotismo que involucra a un académico aliado del gobernador: señala un convenio de 15 millones de pesos para asesoría mental en el Conalep. Arturo Santamaría, un académico al que Cuén criticó durante todo el episodio, es ahora “brazo derecho” del gobernador.
Finalmente, se despide con un mensaje que suena a epitafio, y al último recurso de un hombre que ya no confiaba en nadie.
“A seguirle fuerte. Creo que las redes sociales, para mí, mucha razón tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador cuando dijo 'benditas redes sociales'. Aquí nos permite, en este programa, con pruebas, con los acuses de recibo, no con las publicaciones que se hicieron en su momento, no echando mentiras, no denostando a la gente, no calumniando, y eso es lo que se hace. Muchísimas gracias a todas y todos.”
AH
