El diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández propuso reformar el Código Penal de la entidad para tipificar la explotación laboral infantil como delito, con penas de tres a seis años de prisión, y una mitad más si existen agravantes.
Además de ajustar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para establecer nuevas obligaciones de prevención y protección de los derechos de las infancias.
Previo a la celebración del Día del Niño y la Niña, este 30 de abril, pidió al pleno del Congreso del Estado de México legislar en favor de los sectores más desprotegidos para garantizarles mejores oportunidades y mayor calidad de vida, porque la realidad es que un sector es sometido a trabajos arduos, denigrantes y peligrosos para su edad.
Trabajo infantil, problemática que persiste en el país
El trabajo infantil y adolescente sigue siendo uno de los problemas más persistentes y complejos que enfrenta México. El Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2029 reconoce que esta situación vulnera de manera directa derechos fundamentales como la educación, la salud, la integridad personal, el descanso y el esparcimiento y reproduce ciclos estructurales de pobreza y exclusión social.
De acuerdo con este diagnóstico millones de niñas, niños y adolescentes realizan en el país actividades peligrosas o no permitidas, están expuestos a accidentes, enfermedades, explotación laboral y otras formas de violencia, sobre todo en municipios con mayores índices de pobreza, rezago educativo y trabajo informal.
En Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad y Naucalpan entre 10 y 12 por ciento de niñas y niños realiza actividades de riesgo como comercio informal o labora en talleres familiares; en municipio semiurbanos como Toluca, Zinacantepec y Tecámac la prevalencia se ubica entre 7 y 10 por ciento y, en Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya y Sultepec supera el 12 por ciento, con marcado ausentismo escolar prolongado y escasa supervisión institucional.
Más de 60 por ciento de adolescentes viven en hogares con al menos una carencia; la más frecuente es la alimentaria, el rezago educativo del hogar y la falta de acceso a servicios de salud.
A esto se suma que entre 3 mil y 5 mil adolescentes en la entidad viven parcial o totalmente en la vía pública, especialmente en zonas urbanas con alta movilidad como Valle de Chalco Solidaridad, Naucalpan y Tlalnepantla, debido a la violencia familiar, abandono, migración forzada, desaparición voluntaria, orfandad y explotación.
Reformas penales
En el Código Penal pidió que se incluya un artículo en el cual se establezca que “comete el delito de explotación laboral infantil por sí o por interpósita persona, quien utilice, obligue, induzca, facilite o se beneficie del trabajo de la niñez y adolescencias, cuando afecte su salud física o mental, límite, obstaculice o impida su acceso o permanencia en el sistema educativo, atente contra su dignidad o desarrollo integral o se realice en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas”.
La sanción para quienes incurran en esta falta es de 3 a 6 años de prisión y de 300 a 1 mil días de multa, con la posibilidad de agravarla hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de 15 años, padezca alguna discapacidad, pertenezca a un pueblo o comunidad indígena; se encuentra en condición de pobreza, marginación o exclusión social, o cuando el responsable sea alguno de los padres, parientes, tutores o la persona que ejerza la custodia de la víctima”.
En estos casos podrá imponerse también la suspensión o pérdida de la patria potestad, según determine la autoridad judicial competente.
Obligaciones institucionales
En la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México busca mandatar a las autoridades estatales y municipales a implementar acciones coordinadas de prevención, detección, atención y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, mediante acciones de protección y apoyo que garantice el restablecimiento de sus derechos en los ámbitos educativos psicológicos social y jurídico con un enfoque de Derechos Humanos interés superior de la niñez perspectiva de género e interculturalidad.
También deben generar información, diagnósticos y registros administrativos sobre niñas niños y adolescentes en situación de trabajo para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas orientadas a su prevención, atención y su erradicación progresiva,
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