En medio de la discusión de la reforma electoral que prevé la reducción de regidurías en Tamaulipas, representantes de la diversidad sexual expresaron que no quieren quedar fuera de estos espacios ni de los órganos donde se toman decisiones públicas.
La nueva Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas Lgbttti+ se cruza así con el debate electoral, al impulsar acciones afirmativas y exigir participación real, aún en un escenario donde se prevé una disminución de posiciones en cabildos.
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Acciones afirmativas y representación política
En un diálogo entre la consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, Marcia Laura Garza y Celso Pérez Ruiz, presidente de la asociación civil “Tendremos Alas”, se destacó la importancia de las acciones afirmativas para garantizar su representación en espacios de decisión pública, al considerar que la inclusión fortalece la legitimidad democrática y permite incorporar nuevas perspectivas en el diseño de políticas públicas.
Marcia Laura Garza recordó que el Ietam trabaja también en un reglamento para implementar acciones afirmativas dirigidas a personas de la diversidad sexual, con el objetivo de garantizar espacios dentro de los consejos distritales y municipales electorales.
Ley para Personas Lgbttti+ en Tamaulipas
Por lo que respecta a la ley para su reconocimiento y atención, Pérez Ruiz expuso que se busca trasladar las demandas de su comunidad al ámbito institucional y convertirlas en obligaciones concretas para las autoridades, particularmente en áreas como salud, educación, identidad de género y participación política.
Explicó también que, aunque las dependencias federales sostienen que los programas sociales están dirigidos a toda la población, en la práctica existen barreras derivadas de políticas públicas “heteronormadas y binarias” que no consideran las condiciones específicas de grupos históricamente vulnerables, como mujeres trans, personas con discapacidad, migrantes o personas que viven con VIH.
Identidad de género y acceso a derechos
Celso Pérez indicó que la ley busca evitar que el acceso a derechos quede sujeto a la discrecionalidad de funcionarios públicos, obligando al Estado a diseñar políticas públicas con perspectiva de género, indicadores específicos y presupuesto etiquetado para atender problemáticas concretas.
Entre los temas prioritarios mencionó el reconocimiento de la identidad de género, el acceso a servicios de salud integrales y especializados, así como la participación política de personas de la diversidad sexual. Señaló que actualmente muchas personas trans deben recurrir a amparos para modificar documentos oficiales, debido a la falta de armonización legislativa en Tamaulipas.
Discriminación e interseccionalidad
También sostuvo que persisten disposiciones legales y prácticas institucionales que, desde su perspectiva, continúan generando discriminación y exclusión. Mencionó como ejemplo normas municipales, disposiciones relacionadas con personas que viven con VIH y delitos que han sido cuestionados por organismos de derechos humanos.
Durante el diálogo también se abordó el concepto de interseccionalidad, entendido como la acumulación de distintas condiciones de vulnerabilidad, como edad, discapacidad, situación económica, orientación sexual o identidad de género, y cómo estas pueden influir en el acceso a derechos y servicios públicos.
Finalmente, los participantes coincidieron en que uno de los principales retos será lograr que la nueva legislación se traduzca en políticas públicas efectivas, con presupuesto, capacitación institucional y mecanismos de seguimiento que eviten que las disposiciones queden únicamente en el plano normativo.
SJHN
