El pleno legislativo turnó a comisiones el análisis de una iniciativa de ley para evitar que los ediles salientes dejen deudas con proveedores. La bancada parlamentaria del PVEM propuso que para salir limpios, los alcaldes deben obtener una constancia de no adeudo, de otra manera tendrían una falta administrativa grave que será sancionada
Luego las constantes quejas de las actuales administraciones municipales que aseguran haber heredado grandes adeudos con proveedores que mermaron su capacidad financiera y que varios tienen problemas para concluir el año, las diputadas del Verde propusieron poner reglas para evitar que este problema se repita cada tres años.
La coordinadora de la bancada, María Luisa Mendoza Mondragón, enfatizó que además de dañar a las administraciones municipales, afectan las inversiones y la situación económica de 700 mil pequeñas y medianas empresas que esperan años para poder cobrar el servicio prestado o nunca logran recuperar esa inversión.
La propuesta busca reformar la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia de la entidad.
Obstrucción a la inversión
En la iniciativa de ley que dio a conocer propuso se reforme la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios se señala como falta obstrucción a la inversión a quien dolosamente retrase la substanciación de inversiones, exija más requisitos, solicite pagos no contemplados en la ley y a quien omita liquidar las deudas a personas físicas y jurídico colectivas que provean de bienes y servicios.
La falta se sancionaría como delito, con una pena de cinco a 10 años de prisión y de mil a mil 500 días multa, la destitución del cargo e inhabilitación por el mismo plazo para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos.
Este ilícito ya se contempla en la ley, la novedad sería que quien no pague a proveedores incurriría en esta falta, que no sólo se sancionaría de manera administrativa sino penal.
Transparencia
En materia de transparencia hacen énfasis en la obligación de transparentar toda la información relacionada con los adeudos a particulares, proveedores de bienes y servicios, donde se incluye el listado de quienes dan algún servicio al ayuntamiento o entidad pública.
Insiste en que toda se debe puntualizar en la entrega recepción y cuando cambian de funcionarios, haciendo obligatorio tramitar una constancia de no adeudo para garantizar que cumplió con sus obligaciones como servidor público.
Nuevas administraciones deben responder
La presidenta del Consejo Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández, señaló que no ven con buenos ojos que los ayuntamientos se deshagan de sus activos por una mala planeación financiera y para hacerse de recursos para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Reiteró el llamado a las próximas administraciones a que no pasen de un año fiscal a otro sin que todo esté liquidado y no sobrepasen sus topes presupuestales.
“Si ellos conocen su presupuesto, que no pasen más allá de lo que tienen. No entendemos porque existe el crédito de 30 hasta 180 días en la proveeduría y con los contratistas, no debería porque saben de lo que disponen y tienen un plan de obras. Esto no es un tema nuevo sino que viene replicándose en las últimas décadas y con administraciones de diferentes colores –priistas, panistas y morenistas”.
Tras su reunión con los Coordinadores Parlamentarios de Movimiento Ciudadano, Martín Zepeda Hernández, y Nueva Alianza; dijo que el gran reto para los nuevos alcaldes es encontrar nuevos mecanismos para aumentar la recaudación, pues los actuales no han conseguido ni la mitad; pueden recurrir a financiamientos o préstamos bancarios, siempre y cuando tengan condiciones; y deben bajarle a los gastos.
“Normalmente todo gobierno tiene exceso de personal y gastos, pueden recortar muchos servicios y hacer una buena planeación de lo que gastan para pagar adeudos”.
Asimismo, recalcó que las nuevas administraciones municipales deben hacerse responsables de los adeudos pendientes, pues hay contratos con los ayuntamientos. “Los contratos se hicieron con los ayuntamientos no con los ediles”.
20 municipios deben 4 mil 500 mdp
A la fecha –dijo- lo que se debe a proveedores y contratistas en los 20 municipios de mayor dinamismo económico, ronda en 4 mil 500 millones de pesos, según una solicitud de transparencia que realizó el Consejo. “Tenemos el dato a la fecha que podría incluir adeudos históricos o actuales, porque la información la dieron los propios municipios”.
Este adeudo habla de malas prácticas financieras y los alcaldes entrantes saben de cuánto disponen al año por rubro y lo que deben, lo que les permite planear, pero como no hay restricciones ni sanciones no pasa nada. Por ello, la solución es topar, que los restrinjan y sancionen cuando sobrepasen los días de crédito, según lo estipulado en los contratos.
Generalmente –dijo- los adeudos son con el sector de la construcción por las obras, lo mismo que servicios, mobiliario y equipo, prestadores de servicios, limpieza, papelería, alimentos y todo lo relacionado con los eventos.
Los proveedores –apuntó- tienen la alternativa de suspender los bienes o servicios ante la falta de pago, sin embargo, los constructores no tienen mucha alternativa porque generalmente trabajan para los gobiernos, no les queda de otra. “Ha habido abuso d confianza con los prestadores de servicio o contratistas que ha llegado a un límite y no puede seguir tolerándose”.
Listas dos iniciativas para sancionar
Por último, González Hernández refirió que a solicitud de su Consejo ya hay dos iniciativas en el Congreso Local, del PAN y el Partido Verde Ecologista para limitar, sancionar, restringir y normar todas las compras a proveedores, de tal modo que no dejen colgados a los proveedores. Las propuestas del empresariado –dijo- versan sobre que no pasen de 30 días los pagos.
“La sanción sería a todos los que tienen responsabilidad, tesoreros y alcaldes porque simplemente no van a dejar de pagar ni heredar los adeudos a las siguientes administraciones. Deberán dejar pagado todo, por eso los tiempos se van a normar y lo que contraten en el último tramo de la administración deberá pagarse”.
Confió en que los legisladores locales sean sensibles al tema, pues hay muchos proveedores que ya prestaron el servicio y financiaron de su bolsa los servicios.
KVS
