El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 439 votos, el proyecto de reformas a 17 leyes en materia de igualdad sustantiva con el fin de establecer los “deberes reforzados” del Estado mexicano para proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños frente a las distintas formas de violencias.
La minuta fue turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
¿De qué trata el proyecto?
Las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum prevén incorporar al marco legal la obligación de aplicar de manera más amplia medidas orientadas a salvaguardar la vida, integridad, libertad, seguridad, bienestar físico y mental, así como el respeto a la dignidad y la autonomía de las mujeres.
Para ello se modifican y adicionan diversas disposiciones de las leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencias, General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de Desarrollo Social, Salud, Educación, Cultura y Vivienda, entre otras.
Entre otros aspectos, se establece la obligación del gobierno federal, estados y municipios para expedir normas legales, además de medidas presupuestales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres una vida libre de violencias a través de acciones reforzadas de protección.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la legisladora morenista Anaís Burgos sostuvo la igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, sino deberá demostrarse con evidencia.
Cada política, cada programa y cada peso invertido tendrá que mostrar que reduce brechas, salva vidas y mejora la vida de las mujeres, indicó.
“Que los tres órdenes de gobierno deberán planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género. Que existirán métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas, pero, además, por primera vez, la ley establece que a mediación de impacto será obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento”, puntualizó.
En representación de PAN, la diputada Ana María Balderas expresó la posición de su bancada a favor de la reforma, pero alertó sobre “focos rojos” como la recentralización del poder y el uso político de la ley.
“No estamos ante una reforma técnica, estamos ante una recentralización de poder, ante un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gastos sin techo financiero y que pone en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”, advirtió.
Por el PRI, la diputada Marcela Guerra señaló que su partido acompaña con plena convicción la reforma, porque responde a una exigencia histórica de justicia para todas las mujeres en México y atiende uno de los principios esenciales del priismo, como un promotor firme y coherente de la igualdad sustantiva.
“El PRI respalda este avance, porque está en nuestra declaración de principios defender la igualdad, combatir la violencia con todo, sobre todo también la violencia política que día con día amenaza a muchas mujeres en los tres órdenes de gobierno, y garantizar que ninguna mujer se vea limitada en su derecho a participar, a decidir y a vivir con dignidad”, remarcó.
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