Ante el proyecto de la Suprema Corte que perfila obligar al Congreso de Nuevo León a legislar la reforma en materia de transparencia, las diputadas encargadas del tema prometieron acelerar su estudio y análisis.
Berenice Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que esta semana presentarían una propuesta que busca, entre otras cosas, desaparecer el Instituto Estatal de Transparencia.
“Como bancada de Morena, nosotros estamos más que listos para sacar adelante este tema de transparencia. Nosotros ya hemos dicho que es necesario que ya desaparezca InfoNuevo León, son más de 230 millones los que nos podríamos ahorrar y pues destinar esos recursos que iban a ese órgano para programas sociales o otras cosas que necesita Nuevo León”.
“Presentaremos una iniciativa respecto a este tema a la Ley Secundaria de Transparencia. Hemos tenido también pláticas con algunas asociaciones como Regiopoder. Ellos traen una iniciativa también sobre este tema y pues estamos dispuestos a dialogar”, señaló.
Claudia Caballero, presidenta de la Comisión de Legislación, apuntó que esperan la convocatoria de puntos constitucionales, con el fin de avalar las leyes secundarias.
“En la Comisión de Legislación, nosotros nos encargamos de todas las leyes secundarias. Obviamente, nosotros tenemos que esperar a que nos convoque en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual también soy parte, pero no funjo como presidenta para hacer los cambios propios desde la Constitución, las dos vueltas”.
“En este caso nosotros como Comisión de Legislación ya estamos trabajando en un predictable para las leyes secundarias, en cuanto al tema de transparencia”, explicó la presidenta de la Comisión de Legislación.
De acuerdo con el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, se declararía la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que han incurrido, pues este tema debió quedar aprobado en marzo del 2025.
“Se ordena al Congreso del estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria”.
“Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del estado de Nuevo León, por no armonizar su marco jurídico, en los términos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución”, se lee en el proyecto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, el Congreso deberá armonizar la legislación local con la federal, aunque a nivel estado existen diversas iniciativas en la materia.
De dejarse ese precedente sería igual esperar que la controversia de omisión en el tema de reforma judicial pueda venir en el mismo sentido, lo que obligaría al Congreso a analizarlo.
mrg
