La diputada María Elena Pérez-Jaén, del PAN, presentó 47 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR por probables irregularidades de 496 millones de pesos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y 170 millones más en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Dichas irregularidades pueden ser constitutivas de la comisión de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y peculado”, puntualizó la legisladora.
Entre las irregularidades señaladas por Pérez-Jaén destaca el pago de 15.6 millones de pesos de la Conade a 29 entrenadores cubanos sin acreditación ante el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte ni documentación comprobatoria de los servicios prestados.
El organismo encabezado por Ana Gabriela Guevara pagó además 14.9 millones de pesos a la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad, sin que ésta acreditara la prestación de los servicios para los que fue contratada, así como 7.9 millones de pesos más a la empresa Cascada Bienestar por la adquisición de 86 aparatos deportivos de fuerza, sin acreditar su recepción ni cumplimiento de características solicitadas.
Por lo que hace a las irregularidades en la Secretaría del Trabajo, la diputada de Acción Nacional denunció el pago indebido de 102.3 millones de pesos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 a 6 mil 937 beneficiarios que simultáneamente y de manera irregular recibieron becas escolares.
Además, en las cuentas públicas 2019 y 2021, la Auditoría Superior de la Federación identificó 161 beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que recibieron apoyos por 3.8 millones de pesos y también se encontraban prestando servicios profesionales por honorarios o de manera eventual como Servidores de la Nación.
“La situación es contraria a lo establecido en los citados lineamientos en los que se señala que los beneficiarios deben ser jóvenes que no trabajan”, remarcó.
Adicionalmente, en las cuentas públicas 2019 y 2020, el órgano de fiscalización identificó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 0.8 millones de pesos.
Al interponer las 57 denuncias, Pérez-Jaén instó a la FGR a actuar con autonomía e independencia respecto del Ejecutivo, y proceder conforme a sus facultades en la integración de las carpetas de investigación con la finalidad de que éstas deriven en la imposición de las sanciones a que haya lugar contra los responsables de los desvíos de los recursos millonarios en ambas entidades públicas.
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JLMR
