El Día Internacional contra la Corrupción fue definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una resolución de la Asamblea General del 31 de octubre de 2003, cuando se ordenó la celebración de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Ese día, la asamblea reconoció su preocupación “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
En esa resolución se determinó que “a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción”.
Dicha convención fue el resultado de una serie de trabajos que iniciaron desde el año 2000, cuando la resolución 55/61 de la Asamblea General de la ONU instruyó establecer “un comité especial encargado de negociar un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción y pidió al secretario general que constituyera un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta a fin de que examinara y preparara un proyecto de mandato para la negociación de ese instrumento”.
En ese proceso, se firmó la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, en una cumbre celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, en la que se declaró que la corrupción representa “una amenaza para el desarrollo sostenible de la población”.
En la resolución del 31 de octubre de 2003, se pide a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención que “aborde la penalización del soborno de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, incluidas las Naciones Unidas, y otros asuntos conexos, teniendo en cuenta la cuestión de los privilegios e inmunidades, así como las de la jurisdicción y la función de las organizaciones internacionales, entre otros medios, haciendo recomendaciones sobre medidas apropiadas a ese respecto”.
La resolución de la Asamblea General de octubre del 2003 también instruyó al Secretario General de la ONU, entonces Kofi Annan, que designe a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.
E instruyó al secretario general proporcionar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito los recursos necesarios para que pueda promover de forma eficaz la rápida entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, desempeñar las funciones de secretaría de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención y apoyar al Comité Especial en su labor.
La firma de la convención se realizó en la ciudad de Mérida, en México, en una reunión del 9 al 11 de diciembre de 2003.
El documento de la convención advierte su preocupación por “los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero” y “los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados”.
Además, asegura que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella y que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción.
En este link puedes consultar el documento completo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
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