Las desapariciones cometidas en Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, las que ocurrieron en Nayarit cuando operaba el fiscal Edgar Veytia en colusión con el crimen organizado, y las que se registraron en Veracruz durante el gobierno del priista Javier Duarte, fueron la punta de lanza para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) iniciara un inédito procedimiento en contra del gobierno mexicano.
Estos tres casos, ocurridos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son el argumento central que la Federación Internacional de Derechos Humanos usó para solicitar que el Comité activara el procedimiento establecido en el artículo 34 de la convención internacional en la materia.
Por ello, se informó este jueves que se llevará ante la Asamblea General de la ONU la situación de las personas desaparecidas en México.
“La documentación transmitida al Comité por la FIDH requirió la activación del procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, principalmente a la luz de patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016; Nayarit, entre 2011 y 2017; y Veracruz, entre 2010 y 2016”, indica el documento del CED del 19 de marzo pasado, en el que justificó su decisión de evaluar a México.
De acuerdo con el Comité, la información que recibió señala que durante ese periodo se registraron patrones específicos de desapariciones forzadas, en los que autoridades se coludieron con grupos criminales, en casos como detenciones ilegales por parte de las autoridades para entregar a las personas a grupos criminales.
“Estos datos muestran la estrecha correlación entre el aumento del número de desapariciones y la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, que comenzó durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se aplicó una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para desempeñar funciones de seguridad pública. Esta política se mantuvo e incluso se intensificó en los seis años posteriores”, se lee en el documento CED/C/MEX/A.34/D/1.
En el caso de Nayarit, el informe enviado al Comité contra las Desapariciones Forzadas detalla la estructura criminal creada entre 2011 y 2017 desde la fiscalía del estado, cuando el titular era Edgar Veytia, conocido como El Diablo, y quién después fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La investigación se centra en 47 casos de personas desaparecidas, algunas de ellas halladas con posterioridad en fosas clandestinas.
“Las 47 víctimas eran personas de escasos recursos de Tepic y pueblos vecinos, que realizaban trabajos tales como albañil, mecánico o soldador. Las 47 víctimas no son miembros de fuerzas militares ni aquellos considerados bajo el estatuto de combatientes. De las 47 víctimas se han encontrado 25 en fosas comunes que contienen un total de 140 cuerpos”.
“Basado en la documentación obtenida, las organizaciones firmantes creemos sobre bases razonables que el ataque contra una población civil de habitantes de Nayarit tenía como objetivo mantener el control territorial sobre el narcotráfico en el Estado”, indica el informe.
Sobre Coahuila, la FIDH documentó prácticas que seguían un patrón regular entre 2006 y 2016. El análisis se basó en más de 500 desapariciones forzadas, de las cuales se tomaron 32 casos emblemáticos, que involucraron a 73 víctimas.
“Entre 2009 y 2011/2012, las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas, que luego fueron entregadas al cártel de los Zetas; y entre 2011/2012 y 2016, las autoridades estatales responsables de la aplicación de la ley llevaron a cabo directamente actos de desapariciones forzadas a través de sus Fuerzas Especiales, entre ellas el GATE, Grupo de Armas y Tácticas Especializadas, creado en diciembre de 2011; el GATEM, Grupo Municipal de Armas y Tácticas Especializadas, la FUERZA ÉLITE y el GROM, Grupo de Respuesta y Operaciones Mixtas”.
En Veracruz, se analizaron 41 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte. “En al menos 22 casos se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales”, indica el documento, que también fue entregado a la Corte Penal Internacional.
El informe incluye el hallazgo de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, conocidas como “Colinas de Santa Fe” y “El Arbolillo”, cerca del Puerto de Veracruz.
“Dichos crímenes fueron cometidos por autoridades estatales de Veracruz, incluyendo las Policías Estatal y Ministerial, a veces actuando junto a otras autoridades estatales federales y/o el crimen organizado, durante el mandato del ex gobernador Duarte de Ochoa”.
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