La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados acordó desahogar las denuncias de juicio político presentadas durante la actual legislatura contra el fiscal general Alejandro Gertz y los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, entre otros servidores públicos, hasta después de resolver los casos rezagados durante 18 años, de 2003 a 2021.
Al declararse formalmente instalada el pasado 17 de marzo, la subcomisión confirmó la existencia de 16 demandas de juicio político promovidas desde septiembre de 2021 a la fecha y entre las cuales destacan las interpuestas contra Gertz, Córdova y Murayama, así como contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el ex gobernador de Baja California y senador morenista Jaime Bonilla.
Sin embargo, según el acuerdo para la atención y el desahogo de juicios políticos, aprobado por los legisladores integrantes de la Subcomisión de Examen Previo, las denuncias presentadas durante las últimas siete legislaturas serán resueltas en tres etapas.
“En la primera etapa de trabajo serán atendidos y desahogados los asuntos correspondientes a las denuncias que, a la fecha de aprobación del presente acuerdo, incoaron algún juicio de amparo indirecto sobre el cual se haya dictado ejecutoria de amparo”, detalla el documento.
Para la segunda etapa se considera resolver los asuntos correspondientes por turno, oportunidad y, en su caso, acumulación y conexidad, desde la 59 hasta la 64 legislaturas, es decir, los casos rezagados en el periodo 2003-2021.
“En la tercera etapa de trabajo serán atendidos y desahogados los asuntos por turno, oportunidad y, en su caso, acumulación y conexidad, los juicios correspondientes a la 65 Legislatura”, determinó la Subcomisión de Examen Previo copresidida por el priista Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación, y Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia.
El acuerdo suscrito para conducir la resolución y dictamen de las denuncias de juicio político establece, asimismo, un blindaje de los respectivos expedientes, prohibiendo a los diputados utilizar algún instrumento para fotocopiar o fotografiar los documentos, así como extraerlos del espacio habilitado por la subcomisión para consultarlos.
“Durante la consulta de los expedientes está prohibido el uso de cualquier medio o instrumento de copiado o fotografiado de los documentos. Los expedientes podrán ser consultados y se podrá tomar nota por escrito de los mismos, pero no podrán ser sustraídos del área de consulta”, puntualiza.
Adicionalmente, la información será clasificada como reservada desde su recepción en la subcomisión hasta que se hayan resuelto los procedimientos de juicio político.
EHR
