La revisión más profunda realizada al Padrón Estatal de Proveedores de Hidalgo provocó la baja de más de 4 mil registros, la inhabilitación de empresas y la presentación de denuncias penales contra firmas presuntamente involucradas en irregularidades relacionadas con contratos públicos.
La medida deriva de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, que entró en vigor en diciembre de 2025 y modificó de manera sustancial los requisitos para permanecer dentro del padrón de proveedores autorizado para participar en licitaciones, adjudicaciones y otros procedimientos de contratación gubernamental.
Este ejercicio representa uno de los cambios más importantes en los mecanismos de control de proveedores implementados por el gobierno estatal durante los últimos años, pues además de actualizar la información administrativa de las empresas incorporó revisiones físicas, criterios de integridad empresarial, verificaciones fiscales y análisis sobre posibles conflictos de interés.
En entrevista exclusiva con MILENIO, el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales, explicó que la reforma obligó a realizar una revisión integral de las empresas registradas. "Hubo una modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Gobierno del Estado de Hidalgo. Ahí se pide prácticamente una verificación física de cada uno de los que están en ese padrón", señaló Bardales Ramírez.
Al cierre de 2025 el padrón estatal concentraba 8 mil 440 registros. Sin embargo, la legislación estableció un periodo de seis meses para que las empresas acudieran a comprobar nuevamente su existencia y actualizaran la documentación necesaria para conservar la vigencia de su inscripción.
"El plazo concluyó el 15 de junio, déjame decirte que muy pocas empresas, o un universo de cuatro mil empresas, más bien dicho, más de cuatro mil, ya las dimos de baja del padrón de proveedores", afirmó Bardales.
La cifra representa más de la mitad de los registros que integraban el padrón y refleja el alcance de una depuración que, según la dependencia, tenía como objetivo eliminar empresas que no pudieron acreditar su operación real o que incumplieron con los nuevos requisitos establecidos por la ley.
Los requisitos
Las compañías que pretendían conservar su registro debían demostrar que efectivamente operaban, que contaban con instalaciones identificables, que prestaban los servicios ofrecidos al gobierno y que poseían capacidad administrativa y financiera suficiente para responder a los contratos que buscaban obtener.
También tuvieron que acreditar la existencia de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), demostrar solvencia para ejecutar los montos contratados y, en el caso de empresas foráneas, justificar su capacidad para prestar servicios dentro de Hidalgo.
"Nos tenían que comprobar que existían, domicilio, giro del negocio, que no tuvieran un conflicto de intereses entre servidores públicos y socios, accionistas, representantes legales, que las empresas no tuvieran domicilios comunes", explicó el contralor.
La revisión incluyó además un análisis para detectar empresas que compartieran domicilios, representantes legales o accionistas, una práctica que puede utilizarse para simular competencia en procesos de contratación o para ocultar relaciones empresariales.
"No pudiera yo imaginarme cinco empresas, distinto nombre, en un mismo domicilio, en la misma casa, un mismo representante legal", ejemplificó.
Otro de los filtros consistió en verificar la situación fiscal de los proveedores y revisó que las compañías no estuvieran sujetas a restricciones impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que conservaran su capacidad para emitir comprobantes fiscales y que no aparecieran vinculadas con operaciones presuntamente inexistentes o simuladas.
Sostuvo que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de prevención contra empresas fantasma o esquemas de simulación utilizados para obtener contratos públicos.
Las irregularidades
De acuerdo con Bardales, uno de los principales problemas detectados durante años fue la existencia de proveedores que desaparecían cuando el gobierno intentaba exigir el cumplimiento de garantías, aclaraciones o responsabilidades derivadas de los contratos obtenidos. "De repente teníamos empresas domiciliadas en otro estado y cuando había una negligencia o un incumplimiento, pues sencillamente ya no existían las empresas", señaló.
La situación dio origen a lo que dentro de los procesos de fiscalización se conoce como "proveedores golondrina", compañías que aparecen para participar en contrataciones específicas pero que posteriormente resultan imposibles de localizar.
La Contraloría estima que cerca de la mitad de los registros del padrón corresponde a proveedores con domicilios fiscales fuera de Hidalgo. Aunque la ley permite que empresas de cualquier entidad participen en procedimientos de contratación, la dependencia considera indispensable acreditar que cuentan con capacidad material para responder a las obligaciones asumidas.
Uno de los ejemplos más ilustrativos detectados durante las revisiones ocurrió en la Sierra Alta hidalguense y fue expuesto por el propio secretario de Contraloría.
"Una factura de un arrendamiento de una maquinaria para limpiar un camino, para hacer un camino de 200 metros de terracería. Y la maquinaria de Oaxaca. ¿Cómo vas a traer el proveedor de Oaxaca? ¿Cómo vas a traer la maquinaria de Oaxaca hasta la Sierra Alta para 200 metros?", cuestionó.
El funcionario explicó que este tipo de operaciones despiertan alertas debido a que resultan difíciles de justificar desde una perspectiva operativa y financiera.
Acciones
Además de la depuración masiva del padrón, la revisión ya comenzó a generar consecuencias administrativas y penales. La Secretaría de Contraloría informó que actualmente mantiene al menos 15 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo contra empresas relacionadas con posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. "Por lo menos 15 empresas están denunciadas en este momento ante la Procuraduría", reveló Bardales.
Las denuncias están relacionadas con trabajos y servicios que presuntamente no fueron ejecutados pese a existir recursos públicos comprometidos para su realización. "De las que no hicieron los servicios, de las que no hicieron los caminos, de las que no hicieron los desazolves, de las que no limpiaron la presa", detalló.
Según la dependencia, cuando las investigaciones permiten advertir posibles delitos o daños al patrimonio público, los expedientes son remitidos a la Procuraduría para determinar las responsabilidades correspondientes. En otros casos, cuando las conductas constituyen faltas administrativas, los procedimientos se canalizan al Tribunal de Justicia Administrativa.
Paralelamente, la Contraloría mantiene un esquema permanente de cancelación e inhabilitación de registros dentro de los padrones estatales. Tan sólo durante junio fueron dadas de baja e inhabilitadas tres empresas. "Todavía ayer dimos de baja tres, pero eso lo dimos de baja y los inhabilitamos por cinco y por seis años", informó el secretario.
Las sanciones contemplan inhabilitaciones de hasta cinco años para proveedores y hasta seis años para contratistas de obra pública, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.
Aunque Bardales reconoció que no tenía disponible el número total acumulado de empresas sancionadas, aseguró que existen meses en los que las inhabilitaciones alcanzan varias decenas de casos.
Vigilancia permanente
"No hay nadie seguro", respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que continúen las revisiones incluso entre las empresas que conservaron su registro.
Con la entrada en vigor plena de la reforma, el gobierno estatal busca construir un padrón integrado únicamente por empresas verificables, localizables y con capacidad operativa comprobada. La intención es que las contrataciones públicas se realicen bajo criterios de integridad, transparencia, cumplimiento fiscal y prevención de riesgos de corrupción.
Para la Contraloría, la depuración de más de 4 mil registros no representa el final del proceso sino el inicio de una supervisión continua destinada a cerrar espacios a empresas fantasma, proveedores simulados y esquemas que durante años dificultaron el control efectivo del gasto público en Hidalgo.
