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Viernes , 19.04.2019 / 14:18 Hoy

Delitos electorales se sancionan con multas y prisión

En el mes de mayo que ya habían iniciado las campañas, se denunciaron cinco delitos electorales
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Las sanciones por cometer delitos electorales van de los 50 a 400 días de multa y de 6 meses a 9 años de prisión; si se toma en cuenta que la Unidad de Medida y Actualización se tasa en 73.04 pesos, la penalización económica podría alcanzar los 29 mil 216 pesos.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que la multa más elevada, que se aparta de las infracciones comunes, se aplicará a quien destine, utilice o reciba aportaciones a favor de algún precandidato, candidato, partido político o coalición y los fondos tengan un origen ilícito, en esos casos la sanción alcanza 5 mil días, es decir, 365 mil 200 pesos.

De acuerdo con la publicación más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mes de mayo que ya habían iniciado las campañas, se denunciaron cinco delitos electorales en el estado y se suman a una queja presentada en enero.

Las estadísticas del sistema revelan que cada que se realizan comicios en Puebla se incrementa el número de delitos electorales, en 2015 que se renovaron diputados federales se registraron 19 denuncias y en 2016, cuando se eligió gobernador, se presentaron 13 quejas. En 2017 que hubo votaciones, se iniciaron 3 carpetas.


Los delitos electorales


La Fepade define como delito electoral a todas aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser libre, personal, secreto e intransferible.

Los actos que se sancionan con 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años son: votar más de una vez; hacer proselitismo o presionar a los votantes para orientar el sentido de su sufragio o que se abstenga de emitirlo; obstaculizar o interferir en el desarrollo de las votaciones; retener credenciales; pagar por sufragios o prometer una prebenda; apoderarse, destruir o alterar material electoral y/o credenciales; así como impedir la instalación o clausura de la casilla.

Para funcionarios electorales se aplicarán de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años cuando éstos alteren, sustituyan, destruyan o comercialicen documentos del Registro Federal de Electores, el padrón o lista nominal; alteren los resultados de los comicios; y no entregue los paquetes electorales en los tiempos previstos por la ley.

A los funcionarios partidistas o candidatos, se les impondrán de 100 a 200 días de multa y de 2 a 6 años de prisión cuando: ejerzan presión sobre los electores; realicen o distribuyan propaganda durante la jornada electoral; impidan la instalación de casillas; o divulguen de manera dolosa noticias falsas.

La sanción más severa es para servidores públicos con 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años cuando coaccionen o amenacen a sus subordinados para participar en eventos proselitistas o se abstengan de votar por un candidato; condicionen la prestación de un servicio público o programa gubernamental; utilicen de manera ilegal fondos, bienes o servicios de la administración; proporcionen servicios a un participante en la contienda en horario laboral.

¿Cómo se les conoce a los delitos electorales?

A lo largo de los procesos electorales los delitos fueron nombrados de manera popular, el más común es “el mapache”, conocido como la persona que se encarga de organizar y llevar a cabo diversas trampas, como la compra del voto, movilización de personas, coacción de funcionarios electorales, entre otros.

“El acarreo” el día de la elección, consiste en reunir a un grupo de personas para llevarlas a votar proporcionándoles de transporte, comida y hasta mercancía de un partido; el “embarazo de urnas” consiste en llenarlas de votos por un candidato, las boletas son extraídas de manera ilegal, en ocasiones se cambia toda la urna.

“El carrusel” es la trampa con la que una persona vota más de una vez en una o varias casillas por el mismo candidato utilizando credenciales falsas o que no le pertenecen; mientras que el “ratón loco” es aquella estrategia con la que se altera la lista nominal para que el elector no pueda encontrar el lugar donde tiene que emitir su sufragio.

“El tamal” es aquella operación con la que un político ofrece desayunos o lonches a los electores antes o después de la votación para orientar el sentido de su sufragio; y “el taco”, se trata de ingresar más de una boleta en la urna marcada por un mismo candidato.

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