La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales propuso que se derogue la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil; una encuesta recientemente publicada arrojó que el 49.7 por ciento de los encuestados rechaza entregar su CURP y datos personales como requisito para conservar su línea de celular.
En una iniciativa que se presentará este miércoles en el marco de la Comisión Permanente, establece derogar los artículos 103, 164, fracción III, y el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, eliminando la obligación de registrar las líneas de celulares como condición para su activación o permanencia.
Se propone que toda la información recabada durante la implementación de este esquema sea eliminada de manera definitiva, garantizando que los datos personales no puedan ser reutilizados, transferidos ni aprovechados por particulares o autoridades para cualquier otro propósito presente o futuro.
La vicecoordinadora de la Bancada Naranja advierte que el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones es un derecho reconocido constitucionalmente, por lo que el registro obligatorio de celulares atenta contra derechos fundamentales de las y los mexicanos como son el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Reiteró que para Movimiento Ciudadano la seguridad pública y el combate a la extorsión deben partir del fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, la investigación profesional e inteligencia, pero jamás con medidas que pongan en riesgo derechos ciudadanos fundamentales.
Advirtió que suspender millones de líneas telefónicas por no cumplir con un registro obligatorio tendría un impacto social profundamente regresivo y que en MC están convencidos de que hay que escuchar a las y los mexicanos para así impulsar las medidas legislativas que respondan de verdad a las necesidades y demandas ciudadanas, puntualizó.
En tanto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado pidió a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) fortalecer, en coordinación con las empresas proveedoras del servicio de telefonía móvil, la campaña nacional de información y orientación sobre el proceso de vinculación de líneas telefónicas móviles y las fechas límite aplicables.
Lo anterior, para que la población conozca de manera clara, sencilla y accesible sobre los requisitos, las modalidades disponibles, la gratuidad del procedimiento, los canales oficiales de atención, las medidas de seguridad y las consecuencias derivadas de la falta de vinculación de la línea telefónica.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, también solicitaron que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se garantice que el proceso de vinculación en zonas rurales, comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, llamaron a las autoridades a fortalecer la protección de los datos personales recabados durante este proceso, garantizando que únicamente se solicite la información estrictamente necesaria, se resguarde adecuadamente y se respeten en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas usuarias.
El senador Alberto Anaya advirtió que el uso de líneas anónimas ha sido aprovechado por la delincuencia para cometer delitos como extorsión, fraude, amenazas, secuestro virtual y suplantación de identidad, por lo que resulta necesario avanzar en la identificación de las líneas telefónicas con pleno respeto a los derechos de las personas usuarias.
“La seguridad del pueblo y la protección de sus derechos no son objetivos separados. Combatir la extorsión, el fraude y el uso criminal de líneas telefónicas anónimas es una tarea urgente del Estado mexicano”, explicó el líder parlamentario.
En el documento inscrito se destaca que el proceso de vinculación de líneas telefónicas móviles ya registra más de 63 millones de líneas asociadas a personas titulares; sin embargo, aún es indispensable reforzar la difusión para que todas las personas conozcan las fechas límite, la gratuidad del procedimiento y los mecanismos oficiales disponibles, especialmente en comunidades rurales, indígenas y zonas con limitada conectividad.
Asimismo, enfatizó que esta política pública debe implementarse con un enfoque social y de derechos humanos, garantizando mecanismos de atención presenciales y remotos, materiales en lenguas indígenas y formatos accesibles, así como apoyo para personas adultas mayores, con discapacidad o con dificultades para utilizar herramientas digitales, evitando que el registro se convierta en una barrera para acceder a los servicios de telecomunicaciones.
“La vinculación de líneas telefónicas móviles no debe convertirse en un trámite excluyente para quienes no tienen habilidades digitales, no cuentan con equipos adecuados, carecen de conectividad estable o enfrentan dificultades por edad, discapacidad, lengua o ubicación geográfica”, concluyó el legislador.
LG
