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Jueves , 21.02.2019 / 19:19 Hoy

Corte ordena restituir tierras que donó Presidente a Tepoztlán

La Corte puso fin a un pleito de casi 20 años y ordenó restituir todas las tierras que en 1929 donó el entonces presidente Emilio Portes Gil, a los pobladores de Tepoztlán, Morelos.
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En una sentencia inédita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso fin a un conflicto de casi 20 años y ordenó que se restituyan todas la tierras que en 1929 fueron dotadas por el entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, a los pobladores de Tepoztlán, Morelos.

La Corte dejó claro que las tierras no podrán destinarse para un uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado por las autoridades correspondientes.

El proyecto original de sentencia, elaborado por el ministro Eduardo Medina Mora, proponía amparar a José Antonio Zorrilla Lacroux, propietario de la empresa Pirámide y Convento, y quien tenía en su poder las tierras.

Luego de dos meses de discusión entre los ministros, Medina Mora modificó su proyecto. Hoy con una votación de tres votos contra uno, se amparó a los comuneros. 

Se trata de 280 hectáreas que pertenecen a mil 449 propietarios.

En 1999, los pobladores de Tepoztlán iniciaron un juicio con la pretensión de que se reconociera su propiedad respecto de tierras que les fueron dotadas en 1929.

Sin embargo, la empresa argumentó que era propietaria de algunos predios de la zona, a partir de unos oficios emitidos por la autoridad agraria en la década de los 60.

El litigió pasó por varias instancias así como por diversas reposiciones del procedimiento llevado ante los tribunales agrarios.

La Segunda Sala reiteró que los pobladores de Tepoztlán, y no el municipio –como alegaba la empresa–, eran los beneficiados por la resolución presidencial de 1929; aunado a ello, se decidió que tal resolución consistía en un título válido de bienes comunales, es decir, de tierras que se otorgaron a la comunidad para que ésta las explotara de manera agrícola.

Los ministros consideraron que los oficios que se emitieron en los años 60, no resultaban suficientes para acreditar que la empresa fuera la propietaria de los predios que se disputaban en el litigio, pues de su contenido no se advertía con toda certeza, que en dicha época los integrantes de la comunidad hubiesen accedido a excluir del régimen agrario ciertas porciones de sus tierras.

La Corte adoptó la decisión a partir de los documentos que aportaron ambas partes en el caso concreto para demostrar sus postura.

Los ministros puntualizaron que en el supuesto de que la comunidad inicie en el futuro juicios agrarios en contra de otras personas que tengan propiedades en la zona, los tribunales tendrán que valorar los títulos con que tales habitantes se ostenten como propietarios, en específico, la manifestación de voluntad de los integrantes de la comunidad, en el sentido de transmitir la titularidad de los predios, así como la formalización de las transmisiones correspondientes.

La Sala precisó que los integrantes de la comunidad agraria no podrán pasar por alto que las tierras se les asignaron para que las explotaran de manera agrícola para su subsistencia, además de que la resolución presidencial que les benefició les impuso también una serie de obligaciones para conservar y acrecentar las áreas forestales de la zona.

La Corte dejó claro que las tierras no podrán destinarse, en ningún otro caso, para un uso diverso que el agrícola y el forestal, lo cual deberá ser vigilado, bajo su entera responsabilidad, por la autoridad administrativa correspondiente.

Debido a que los oficios en cuestión no demostraron que la empresa fuera propietaria de los terrenos disputados, la Segunda Sala confirmó la determinación de los tribunales agrarios, consistente en la obligación de que los mismos se restituyeran a la comunidad agraria de Tepoztlán.



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