El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, informó que la propuesta de restituir los seguros de gastos médicos a una parte del personal se desechó porque no hay suficiencia presupuestaria.
El ministro presidente sostuvo que en el máximo tribunal del país no hay recursos y aceptó que arrastran un déficit de 130 millones de pesos en el cierre del ejercicio fiscal.
“Estamos buscando de dónde sacar para cerrar bien el año, de lo contrario, nos vamos a tener que recortar el salario y el pago de nuestros aguinaldos”.
No obstante, Aguilar Ortiz aseguró que la ley de austeridad se debe cumplir y que la ciudadanía debe tener la certeza de que en ese principio no hay vuelta atrás.
Precisó que la eficacia y moderación en los recursos permitieron la erradicación de gastos superfluos. Sólo en un año, dijo, se cancelaron 154 servicios personales que recibían los integrantes de la Corte y que eran ajenos a su función jurisdiccional.
“Cuando llegué a mi cargo, encontré que con fondos de nómina de la presidencia de la Corte se pagaba la floristería y a quienes trabajaban en los jardines de las familias de los ministros”.
Para hacer frente a 2027, Aguilar Ortiz planteó recortar los gastos personales y avanzar en los expedientes electrónicos y el uso de la inteligencia artificial para progresar en los acuerdos del pleno.
En otro tema, el ministro afirmó que en materia indígena la Corte será más cuidadosa con los fallos para que no haya réplicas ni protestas, a pesar de que ahora los asuntos se están trabajando de forma coordinada.
“Ya no va a haber resoluciones de la Corte que no se ajusten a la realidad. Este tribunal tiene el mandato constitucional de garantizar el goce de los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, por lo que no habrá jamás una resolución que contravenga ese principio”.
De visita en Oaxaca, Aguilar Ortiz participó en la conmemoración del Bicentenario del Instituto de Ciencias y Artes del estado en la Universidad Benito Juárez.
Tumban norma
La Corte tumbó una norma que castiga el halconeo en Oaxaca con penas que van de los siete a los 15 años de prisión.
Arístides Guerrero propuso amparar a Rubén Barragán Ambrocio, sentenciado a siete años de cárcel por un delito (previsto en el Código Penal de ese estado) denominado contra actos de investigación y actividades de seguridad pública, derivado de la posesión de un mensaje de amenaza atribuido a una organización criminal.
Argumentó que el artículo 165 quater, fracción IX, utiliza conceptos ambiguos e imprecisos que impiden conocer con claridad cuál es la conducta prohibida y permite actuar a las autoridades de manera arbitraria.
Con información de Rubén Mosso.
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