En tres años, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México recibió 66 mil 797 denuncias en contra de personas servidoras públicas, pero solo 44 mil 235 subsistieron como denuncia formal; en el resto, la dependencia no fue competente o se trató de casos inatendibles, debido a la insuficiencia de elementos que permitiera advertir la posible comisión de alguna falta administrativa y obligara a iniciar una investigación formal.
De acuerdo con el reporte de la dependencia, dentro del Tercer Informe de Labores de la gobernadora Delfina Gómez, en 1 mil 671 casos se declararon incompetentes y 20 mil 592 casos resultaron inatendibles; además, 5 mil 064 fueron acumuladas a otros casos, por lo cual solo subsistieron 44 mil 234 denuncias.
Denuncias turnadas
Tan solo en el último año, el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) recibió 21 mil 727 manifestaciones ciudadanas, de las cuales 14 mil 941 configuraron una denuncia formal y fueron turnadas a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo y ayuntamientos para iniciar el procedimiento de investigación, donde solicitan se proporcionen todos los elementos necesarios para poder ubicar los hechos con información de modo, tiempo y lugar. Las denuncias pueden ser de manera anónima.
El Sistema de Atención Mexiquense (SAM) es la herramienta del gobierno estatal que permite registrar las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades cometidas por personas servidoras públicas o particulares, por hechos posiblemente vinculados con actos de corrupción, así como presentar sugerencias y reconocimientos por el desempeño de las y los funcionarios públicos.
En las 14 mil 941 se acumularon mil 316 expedientes de investigación previamente iniciados y 512 casos se determinaron como incompetentes las autoridades estatales por tratarse de hechos o personas servidoras públicas ajenas al ámbito de competencia de la Contraloría estatal y en 6 mil 274 casos más no se contaba con elementos suficientes para poder considerar las manifestaciones de las personas quejosas.
Como resultado de las investigaciones realizadas, refiere el documento, se resolvieron 3 mil 902 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, de los cuales derivaron 2 mil 438 sanciones a personas servidoras públicas que incurrieron en conductas contrarias a la ley.
En 120 casos se determinó que las faltas eran graves
En al menos 120 casos se determinó que los hechos eran faltas graves, por lo cual se turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para la continuación de los procedimientos correspondientes, pues la ley señala que todos los casos considerados como graves deben ser turnados a esta instancia.
El informe resalta que estas acciones reflejan el compromiso institucional de fortalecer la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública y que, a través de la atención de denuncias de investigación de posibles irregularidades y la aplicación de sanciones, se consolida una administración pública más íntegra, responsable y cercana a la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la prevención y erradicación de la corrupción.
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