La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Rita Bell López Vences dijo que la elección judicial programada para el mismo día de la elección federal y estatal de 2027 representa un reto operativo sin precedentes y, por ello, consideró que se debe aplazar.
Durante su participación en el Foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”, organizado por el Senado, la consejera señaló que la organización de elecciones federales y locales (comicios concurrentes) que incluyan elecciones legislativas y del Poder Judicial, implicaría un costo que podría ascender hasta 15 mil millones de pesos, debido a la complejidad operativa y logística.
Mencionó que el órgano electoral enfrenta uno de los mayores retos en su historia al contemplar la renovación de 500 diputaciones federales, así como 463 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de procesos locales en 17 entidades.
Indicó que, contrario a la expectativa de que se reducirían los costos, la concurrencia de elecciones duplica o incluso triplica los recursos necesarios, particularmente en rubros como impresión de boletas, capacitación de personal, instalación de casillas y logística territorial.
“La operación implica más boletas, más documentación, más personal y más infraestructura. Esto no abarata la elección, al contrario, la hace mucho más costosa”, insistió.
Expuso que uno de los principales desafíos es la impresión de boletas electorales, ya que el número requerido sería histórico y existe un número limitado de empresas con capacidad para producirlas bajo estándares de seguridad, lo que podría generar cuellos de botella.
Explicó que la coexistencia de dos modelos de votación, uno para el Poder Legislativo y otro para el Judicial, obliga a instalar casillas diferenciadas, con flujos de votación distintos, lo que incrementa la necesidad de personal capacitado y espacios físicos adecuados, como bodegas con estrictos protocolos de seguridad.
Agregó que estas condiciones también generan complicaciones para el electorado, como mayores distancias entre casillas y posibles desincentivos para participar en ambas elecciones. Recordó que las consejerías del INE han planteado la posibilidad de separar los procesos electorales para reducir la carga operativa y mejorar su organización, aunque el Instituto se prepara para implementar el modelo que finalmente se determine.
“Una de las cosas en la que las 11 consejerías coincidíamos era pues la necesidad de aplazar esta elección y que solamente fuera en esta ocasión para el 2026 y 2027, solamente fuera la elección del Poder Legislativo… Entonces, esto se duplicaría en su caso, en el presupuesto para la elección del Poder Ejecutivo, se pidieron más de ocho mil millones de pesos, en el caso del Poder Judicial fueron seis mil millones de pesos, la proyección que podríamos estar pensando justo porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos que les comento son necesarias en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando ahí de 15 mil millones en este momento”, mencionó.
Comentó que el INE se encuentra trabajando en distintos escenarios para cumplir con cualquier determinación legal; sin embargo, insistió en que separar los procesos permitiría garantizar mejores condiciones de organización, certeza y participación.
“Estamos preparados para lo que se decida, pero es importante señalar las ventajas de realizar estos procesos en momentos distintos”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado indicó que entre las líneas de acción para fortalecer la reforma judicial se encuentra la de ajustar los tiempos del proceso, ya que un calendario ajustado permitiría que la elección se lleve a cabo con mejores condiciones, por lo que consideró razonable posponerla hasta 2028.
“La experiencia mostró que se requiere tiempo para consolidar reglas, alinear criterios y asegurar que las instituciones operen con orden”, expresó el senador durante la apertura del foro “Fortalecimiento de las elecciones judiciales en México”.
Aseguró que se ha insistido en cambiar la fecha de la elección, ya que se cuenta con poco tiempo para ajustar el transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que el artículo 105 constitucional establece que para hacer reformas electorales se requiere de 90 días antes del inicio de un proceso de elección.
Ello, subrayó, nos llevaría a tener como plazo para esa reforma el mes de mayo, por lo que “estaríamos hablando de un límite de entre el 18 y el 22 de mayo para que el constituyente permanente pudiera aprobar una reforma constitucional, como ayer lo planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando dijo que se analiza la posibilidad”.
Representantes de la Barra Mexicana de Abogados y Coparmex coincidieron en que mezclar elecciones políticas y judiciales distorsiona la lógica de ambos procesos, al introducir dinámicas partidistas en la selección de perfiles judiciales.
Por otra parte, Susana Camacho, de México Evalúa dijo que la elección judicial de 2025 fue apresurada y evidenció la necesidad de rediseñar reglas, mejorar procesos de evaluación de candidaturas y contar con más tiempo para organizar futuros comicios.
Daniela Arias, de Laboratorio Electoral comentó que la falta de pedagogía electoral y la complejidad de las boletas generaron confusión entre los votantes, lo que derivó en baja participación.
De Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno recordó que la elección de los integrantes del Poder Judicial implicó la remoción de más de mil 600 juzgadores federales y cinco mil locales, algo que, aunque se ha propuesto de forma escalonada, consideró que “trastoca” el andamiaje jurídico con el que se ha impartido justicia durante muchos años.
LG
