Con una reforma a la ley, diputados obligan a gobiernos municipales a atender los problemas de abandono y maltrato que enfrentan los adultos mayores; para ello deberán asignar personal responsable de coordinarse con la Procuraduría del ramo adscrita al DIF estatal.
En sesión del Congreso Local, se aprobó una reforma para que los municipios se involucren, se hagan responsables del primer contacto y coadyuven en la protección de sus derechos, respetando su dignidad y brindando el apoyo que requieran.
Se busca disminuir barreras geográficas, económicas y administrativas que suelen afectar con mayor intensidad a los adultos mayores.
Modifican Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Se adiciona un artículo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas, para protegerlas del maltrato, violencia, abandono y explotación que sufren en su propio hogar e incluso en los centros de atención especiales para su cuidado.
Y es que la violencia viene de familiares, desconocidos, proveedores de atención médica, cuidadores o amigos, siendo un problema que históricamente se ha observado, pero que se mantuvo en el ámbito privado y en muchas ocasiones enmascarado porque los familiares cercanos eran quienes lo ejercían.
Procuraduría del Adulto Mayor brinda atención y defensa legal
En Tamaulipas se creó la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.
Su objeto es dar atención a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como defender y hacer respetar sus derechos, coadyuvando con el DIF estatal. También los orienta, asesora y asiste gratuitamente en materia legal, y los representa ante la Fiscalía de Justicia cuando sean víctimas de delito o ante cualquier otra autoridad donde realicen trámites.
Buscan frenar abusos y fortalecer derechos humanos
Por ello, se aprobó que los municipios designen personas responsables de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de asegurar que se les brinde la atención y el apoyo que requieren.
“Contarán más de cerca con el apoyo, evitando que se sigan cometiendo más abusos hacia ellos, pues es un órgano esencial para proteger sus derechos humanos, promover su inclusión y participación, además de defender sus intereses y prevenir el abuso y la negligencia”.
Los ayuntamientos contarán con una figura claramente identificable para canalizar, orientar y coordinar gestiones ante instancias competentes, lo cual fortalece la capacidad de respuesta del Estado frente a problemas cotidianos como la falta de acceso a información, trámites, acompañamiento y rutas de atención para personas en situación de vulnerabilidad, generando una atención más cercana.
“No implica duplicidad de funciones, sino un diseño de coordinación interinstitucional, ya que los sistemas estatales de protección suelen enfrentar limitaciones operativas para cubrir con suficiencia todo el territorio; en consecuencia, la iniciativa contribuiría a optimizar los recursos existentes, ordenar flujos de atención y fortalecer la articulación entre ayuntamientos, el Sistema DIF y las autoridades competentes”, se expuso.
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