El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma integral contra el acoso escolar, estableciendo que, en el supuesto de saber de un posible delito “potencial”, los docentes deberán dar aviso a la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes.
La reforma a la Ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar, impulsada por todos los grupos legislativos, refuerza los principios y criterios desde la perspectiva de la cultura de la paz, y pone candado para que haya psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos a distancia, es decir, que haga presencia en hechos específicos.
Los diputados fijaron que la Secretaría de Educación estatal debe realizar diagnósticos que permitan conocer la incidencia del acoso y la violencia escolar, aplicar una encuesta que permita identificar los centros educativos con mayor incidencia de acoso y violencia escolar.
“Se refuerzan los derechos de los alumnos para que se respeten sus derechos humanos, su integración psicológica y social, tengan acceso a la mediación, gocen de un ambiente tranquilo y de paz, recibir atención médica, asesoría y representación jurídica, y sea canalizado a las instancias según las necesidades, y en caso grave que se dicten medidas cautelares.
“En el supuesto de saber de un posible delito, dar aviso a la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Salud para que realice investigaciones cuyos resultados contribuyan a elaborar políticas públicas”, señalaron.
Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, indicó que también se busca proteger al personal docente.
“Nos sumamos al compromiso de construir un mejor entorno escolar, al ampliar las definiciones de acoso de violencia, incluyendo el acoso cibernético, el acoso docente; estamos reconociendo la realidades actuales que enfrentan nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo.
“Con esto estamos diciendo no más indiferencia ante el sufrimiento de quienes son víctimas de estas conductas. El dictamen representa un avance muy significativo en la protección de víctimas de acoso escolar, ya que se garantiza que las víctimas sean escuchadas protegidas y respaldadas”, apuntó.
Berenice Martinez, vicecoordinadora de Morena, comentó que no se trata de estadísticas frías, se trata de vidas, de trayectorias educativas interrumpidas, de la salud emocional de los estudiantes, y de la dignidad de quienes dedican su vida a la enseñanza.
“Las reformas que hoy se dictaminan a favor contemplan un marco más robusto de derechos para víctimas, mecanismos efectivos de denuncia, atención especializada inmediata y medidas preventivas sustentadas en la cultura de paz, los derechos humanos y la mediación. Además, se reconoce por primera vez de manera explícita el acoso docente, lo cual es un paso firme hacia la erradicación de todas las formas de violencia al interior de los centros educativos.
“También se fortalece la infraestructura institucional al integrar perfiles como criminólogos y mediadores certificados en los planteles escolares, lo que permitirá un abordaje multidisciplinario, sensible y eficaz”, apuntó.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, indicó que la violencia y el acoso en las escuelas es un grave problema para el estado, pues va más allá de las ofensas y agresiones físicas entre estudiantes y sus afectaciones psicológicas.
“Según un análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicado a principios del año 2019, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying escolar en educación básica, afectando de esta manera a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas.
“De la misma manera, la OCDE menciona que; el 40.24% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso; un 25.35% haber recibido insultos y amenazas, mientras que un 17% golpes, y 44.7% dijo haber tenido experiencias de violencia verbal, psicológica, física, incluso a través de las redes sociales”, explicó.
