El Congreso de Hidalgo afirmó que el proceso para designar a las personas titulares de los Órganos Internos de Control de la Auditoría Superior del Estado y de los organismos autónomos se desarrolló con apego al marco jurídico vigente, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
A través de un posicionamiento, el Poder Legislativo sostuvo que las convocatorias establecieron que cualquier situación no prevista sería resuelta por las Comisiones Conjuntas responsables del proceso, facultad que, aseguró, está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
El Congreso explicó que, antes del desarrollo de las comparecencias, las comisiones aprobaron un Acuerdo de Criterios para establecer la forma en que serían atendidas las eventualidades procedimentales y garantizar, dijo, la certeza jurídica durante el proceso.
De acuerdo con el documento, ese acuerdo permitió a las presidencias de las Comisiones Conjuntas resolver aspectos no previstos expresamente en las convocatorias y facultó a los propios órganos legislativos para adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, igualdad, transparencia y máxima publicidad.
Con estos argumentos, el Congreso sostuvo que tanto las comparecencias como las designaciones se efectuaron conforme a las convocatorias emitidas, al Acuerdo de Criterios previamente aprobado y a las atribuciones legales de las Comisiones Conjuntas, por lo que reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones públicas.
