Al declarar receso legislativo, el Congreso local no designó las tres consejerías del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información (InfoNL) que deberían asumir antes del 26 de diciembre, pero el organismo se adelantó y nombró solo a un encargado de Despacho para garantizar su operatividad en 2026.
Con base en los artículos 46 y 47 de la Ley de Transparencia estatal, el Congreso local debió hacer una convocatoria pública y después designar las consejerías, pero nunca la emitió ni designó.
La convocatoria debió expedirse al menos 60 días antes de la fecha de designación, es decir, a finales de octubre.
Fuentes legislativas revelaron que la oposición no la emitió para evitar la insaculación, debido a la pluralidad del Congreso, pues podría perder el control de dicho organismo.
En 2018 fueron elegidos Francisco Guajardo, María Teresa Treviño y María de los Ángeles Guzmán como consejeros para concluir su periodo este 25 de diciembre de 2025.
Ante la falta de convocatoria, el pasado 21 de noviembre InfoNL eligió como encargado de Despacho a Héctor Ríos Salinas, ello para asegurar la continuidad, funcionamiento y operatividad del Pleno del organismo autónomo.
Ese mismo día, de forma unánime, el Pleno del InfoNL votó a favor de que la Consejera Brenda González permanezca a cargo de la Presidencia del Instituto para un segundo periodo que comprende del 10 de enero de 2026 y hasta el 9 de enero de 2028.
Lo anterior, a fin de asegurar su operatividad en el 2026 y no quedar sin la posibilidad de sesionar, como ocurrió con su similar InfoCDMX.
Mientras todo esto sucedía, el gobernador Samuel García y los diputados locales discutían la necesidad de que el organismo tuviera recursos, ya que el Congreso alegaba que requería 234 millones de pesos y el gobierno no proyectó ni un solo peso al organismo para el siguiente año.
Dos días antes de iniciar la batalla por el Presupuesto 2026, el gobernador Samuel García promovió dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los diputados para que aprueben temas relacionados a la reforma judicial y a la homologación de Transparencia.
De acuerdo con la lista de Acuerdos de la Corte, el Estado presentó las controversias constitucionales 265/2025 y 266/2025 argumentando que había plazo que los diputados no cumplieron, por lo que el máximo tribunal, según el Ejecutivo estatal, debió emplazarlos a resolver los asuntos.
Para el caso de transparencia, el plazo venció el 21 de marzo ya que el Artículo Cuarto Transitorio de la Constitución en materia de Transparencia estableció que los Estados tendrían un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la expedición de la legislación.
“La omisión legislativa de realizar las reformas respectivas a la legislación local (...) limita la facultad y obligación del Poder Ejecutivo de promulgar y publicar las leyes”, detalla el escrito.
El 16 de julio pasado, periodistas de Monterrey plantearon a los diputados mantener un órgano de Transparencia que logre que la ciudadanía se interese para conocer datos del Gobierno.
nrm
